LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Desde CGT, celebradas las elecciones sindicales en la mayoría de provincias, os presentamos un breve análisis de la situación actual en la AGE (podríamos añadir que en el conjunto de las AAPP) con los retos que ello nos implica como sindicato y sin descubrir nada nuevo, pues es una cuestión de sobras conocida que se viene padeciendo desde hace demasiado tiempo.
Según las estadísticas semestrales elaboradas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública (https://funcionpublica.hacienda.gob.es/funcion-publica/rcp/boletin.html) actualmente se cuenta con unos 214.000 funcionarios menos que hace una década, a lo que debe sumarse que en el ámbito del Estado el 63,5% de los empleados públicos son mayores de 50 años lo que implicara su jubilación durante los próximos 15 años.
En ningún caso la carencia de plantilla ha sido suplida con adecuadas ofertas de empleo público… hagamos memoria: durante el período 2011/2015, con el ejecutivo de Rajoy, se establece una política de reposición cero (salvo en el ámbito de las FCSE), no siendo hasta 2016 cuando se producen ciertas reposiciones en sectores considerados “prioritarios”. Esta política de austericidio social, impuesta por Bruselas, fue posible gracias a la reforma del art. 135 de la CE aprobada con carácter de urgencia por el gobierno de Zapatero en 2011 (con el apoyo del PP) y que supuso la prioridad absoluta para el pago de la deuda pública frente a cualquier otra necesidad de gasto.
En el mes de abril pasado, la troika europea hacía público un plan de ajuste fiscal del 0,5% del PIB de cada Estado de la UE cuando superen el 3% del déficit público. Pues bien, en España, ese déficit en el 2022 fue del 4,8% y se prevé del 3,9% para 2023, lo que supondrá un recorte en inversión social solo para el año 2024 de 991,1 millones €. Por su parte, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ya anuncia una previsible reducción del peso del sector público en un 4,6% del PIB para los próximos 5 años, con la consiguiente pérdida de empleos en nuestro sector.
Es en este contexto socioeconómico, vinculado a la ideología neoliberal, en el que se ubica el argumento y práctica habitual de que para evitar el exceso de gasto público debe procederse a la amortización de plantilla (como así ha sucedido con auxiliares administrativos y laborales) recurriendo a la privatización de actividades y propiedades públicas. Sin embargo, las contratas, encomiendas de gestión, convenios con colegios de gestores, etc. no han supuesto en ningún caso un ahorro en los costes finales, si no la creación del caldo de cultivo perfecto para el amiguismo, el nepotismo y la corrupción; además del deterioro de las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos (por no mencionar las de los trabajadores externalizados) junto con un incremento de las molestias para el ciudadano que padece la degradación de unos servicios públicos pagados con sus impuestos.
Los sindicatos “más representativos” han estado a remolque continuo de los ataques del gobierno de turno y del sector privado, mostrando nula capacidad de reacción, así como pérdida de liderazgo y de poder de convocatoria, como ha quedado de manifiesto en recientes concentraciones acompañadas de convocatorias de huelga, curiosamente desconvocadas en fechas próximas a las elecciones sindicales, y expuestas como un triunfo a una plantilla, desconocedora a fecha actual de los acuerdos alcanzados. En definitiva, un “sindicalismo” inofensivo que, en ocasiones, adopta cierto tono defensivo al reclamar retrotraerse o mantener situaciones previas a los recortes, y acomodado casi siempre en una postura pasiva con rasgos más característicos de gestorías de servicios. Mención aparte merecen los empleados, carentes de cualquier perspectiva de clase, que acceden a la condición de representante sindical con el objetivo de obtener una posición ventajista o de privilegio en relación al resto de plantilla y que actúan como dique de contención frente a reivindicaciones o quejas, contribuyendo al descrédito personal de quién o quiénes se atreven a plantearlas mientras se congratulan con sus “superiores”.
Ante la situación descrita, desde CGT apostamos abiertamente por el conflicto, pues el diálogo social (mejor definirlo como monólogo… aquí se hace lo que yo diga y usted me aplaude o se queda sin comisión de servicios) ha demostrado escasa eficacia. Conflicto que debe consistir en la combinación de acciones en el ámbito laboral, social, jurídico y político, es decir, actuando en los centros de trabajo, en la calle junto con la ciudadanía, y acudiendo y denunciando ante los tribunales y en las instituciones de participación política, siendo firmes en el mantenimiento de la tensión, siempre con el objetivo de defender los derechos laborales de los empleados y la protección del carácter público, universal y de calidad de unos servicios y prestaciones imprescindibles para los ciudadanos de una sociedad avanzada.
