Concentración el jueves 11 ante el Ministerio de Función Pública, por un cambio normativo que estabilice al personal en abuso de temporalidad.

Sindicatos, plataformas y asociaciones de personal público convocan el próximo jueves 11 una concentración ante el Ministerio de Función Pública, reivindicando un cambio normativo que estabilice al personal en abuso de temporalidad.

• Estas organizaciones reivindican las sentencias emitidas los pasados 22 de febrero y 13 de junio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que estiman la estabilidad como una solución adecuada al abuso de temporalidad sufrido por este personal.
• La temporalidad sigue siendo muy alta en todas las Comunidades Autónomas, alcanzando un 30-40% de los trabajadores/as, pero son numerosos los servicios donde llega a más del 90%, especialmente en el sector sanitario y en la atención a la dependencia. Además está fuertemente feminizado: aproximadamente un 70% son mujeres, con edades entre 45 y 55 años, y cuyo cese les aboca indudablemente al paro de larga duración y la exclusión social.
• Las organizaciones convocantes reclaman interlocución con el ministro Escrivá y advierten que, de no ser escuchadas, habrá un “otoño caliente” con movilizaciones del personal afectado.

El jueves 11 de julio a las 12:00 h., una concentración ante el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública (C/ Mármol, 2) reclamará que el Gobierno realice las modificaciones normativas necesarias para trasladar efectivamente a nuestro ordenamiento el Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada recogido en la Directiva 1999/70/CE, permitiendo la estabilidad real de las trabajadoras y trabajadores en abuso de todas las Administraciones Públicas del Estado.

Los fraudulentos procesos de “estabilización” realizados hasta ahora suponen el cese de una gran mayoría de trabajadoras y trabajadores de los Servicios Públicos, que la negligencia de las Administraciones ha mantenido en precario, en muchos casos, hasta dos y tres décadas, vulnerando la normativa española y europea. Las consecuencias de esta nefasta gestión se traducirán en indemnizaciones por cese y despido de más de 500.000 trabajadores/as temporales a cargo del erario público, y el deterioro cada vez mayor de los Servicios Públicos.

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