CGT-DGA DENUNCIA QUE EL TRIBUNAL SUPREMO IGNORA LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE SOBRE ABUSO DE TEMPORALIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO

CGT-DGA denuncia con firmeza que el Tribunal Supremo de España vuelve a ponerse del lado de la
precarización laboral, ignorando flagrantemente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE) sobre el abuso en la contratación temporal en el sector público. En sus
recientes sentencias de casación núm. 196/2025 (R. Casación 7099/2022) y 197/2025 (R. Casación
4436/2024), ambas de fecha 25 de febrero de 2025, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha
dado la espalda a miles de trabajadoras y trabajadores temporales, negando cualquier tipo de
sanción efectiva y disuasoria contra el fraude en la contratación temporal dentro de la
Administración.
Un fallo que perpetúa la precariedad laboral y blinda el fraude de la Administración
Las sentencias del Tribunal Supremo consolidan una postura regresiva que da carta blanca a la explotación laboral dentro del sector público. En ambos casos, los trabajadores afectados habían sufrido años de
abuso en la concatenación de
contratos temporales en plazas
estructurales. Sin embargo, el Alto
Tribunal ha desestimado sus
reclamaciones, sin imponer ninguna
sanción real a la Administración
responsable del abuso.
En la Sentencia núm. 196/2025, el
Tribunal Supremo justifica la
negación del reconocimiento de
estabilidad alegando que convertir
en fijos a los empleados públicos
temporales choca con el principio
de igualdad, mérito y capacidad del
artículo 23.2 de la Constitución.
Pero, lo que realmente perpetúa es
la impunidad de la Administración y la precarización de miles de trabajadoras y trabajadores
públicos que ven cómo su situación laboral es ignorada.
En la Sentencia núm. 197/2025, la injusticia se repite: ni conversión en fijo ni indemnización. En su
lugar, el Tribunal Supremo pretende que la única alternativa para regularizar la situación de estos
trabajadores sea la participación en procesos selectivos, ignorando que el TJUE ya ha determinado
que esto NO es una sanción efectiva.
El Tribunal Supremo se desentiende del TJUE y pisotea los derechos de los temporales
La Sentencia del TJUE de 13 de junio de 2024 (asuntos acumulados C-331/22 y C-332/22) establece
con total claridad que los Estados miembros tienen la obligación de sancionar de manera efectiva
los abusos en la contratación temporal en el sector público. Sin embargo, el Tribunal Supremo
sigue ignorando esta obligación y condena a los trabajadores temporales a una incertidumbre
permanente.
El TJUE establece que:
● La conversión en fijo es una solución válida y exigible.
● Si la conversión no es viable, debe existir una indemnización disuasoria real.
● Los procesos selectivos no pueden ser considerados una medida sancionadora, pues no
penalizan el abuso ni reparan el daño a los trabajadores afectados.
A pesar de estas directrices europeas, el Tribunal Supremo insiste en hacer oídos sordos y permitir
que la Administración siga abusando impunemente de la temporalidad.
CGT-DGA EXIGE UNA RESPUESTA CLARA Y SOLUCIONES INMEDIATAS
Desde CGT-DGA advertimos que el Tribunal Supremo está favoreciendo el fraude y la explotación
laboral en el sector público. No podemos permitir que la única respuesta de la justicia española
sea el silencio y la complicidad con las Administraciones responsables de este abuso.
Exigimos:
● Indemnización disuasoria inmediata para todas las víctimas de abuso de temporalidad.
● Conversión en fijo de aquellos empleados que han sufrido concatenación de contratos
durante años.
● Un plan real y eficaz para acabar con la precarización laboral dentro de la Administración.
● Que el Estado español respete y aplique las sentencias del TJUE, evitando así futuras
sanciones de la UE.
No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras los derechos laborales son pisoteados.
CGT-DGA luchará hasta el final, con acciones legales a nivel autonómico, nacional y europeo, para
que la temporalidad abusiva tenga consecuencias reales y que las Administraciones dejen de tratar
a los trabajadores públicos como mano de obra de usar y tirar.
Las sentencias del Tribunal Supremo suponen un atropello a los derechos laborales y una burla a la
normativa europea. España sigue incumpliendo sus obligaciones comunitarias y sigue sin imponer
una sanción real y disuasoria a las Administraciones que abusan de la temporalidad en el sector
público.
Desde CGT-DGA reiteramos que esto no va a quedar impune. Seguiremos defendiendo a las y los
trabajadores temporales, recurriendo a todas las instancias necesarias, para que el abuso de la
temporalidad en las Administraciones Públicas tenga consecuencias y se garantice estabilidad y
dignidad laboral a quienes llevan años sosteniendo los servicios públicos en condiciones precarias.
¡SALUD COMPAÑER@S!