Comienzan los juicios contra el Gobierno de Aragón y Kairos por la subrogación irregular de educadores sociales del antiguo COA
Fueron despedidos tres trabajadores del Comité de Huelga, que llevaba tres años denunciando la precarización de las condiciones laborales así como la atención a los menores en protección
Zaragoza, 9 febrero 2018 – El próximo lunes, 11 de febrero, comienza el primer juicio contra el Gobierno de Aragón y Kairos, entidad privada que gestiona actualmente dos casas de acogida de menores en protección, por el proceso de subrogación irregular de educadores sociales del antiguo Centro de Observación y Acogida (COA). Tanto DGA como Kairos tienen interpuestas denuncias por despido nulo de tres trabajadores que formaban parte del Comité de Huelga, que llevaba tres años denunciando la connivencia entre Gobierno de Aragón y entidades privadas para precarizar la atención a los menores en protección así como las condiciones laborales del personal que les atiende.
El proceso tuvo lugar en febrero de 2018 cuando DGA inició un nuevo de modelo de acogida para menores de protección al retomar la gestión pública de parte del antiguo COA. Este hecho fue aprovechado por las entidades privadas gestoras, la saliente Intress y la entrante Kairos, para despedir con criterios no objetivos a tres trabajadores, que formaban parte del Comité de Huelga y de la sección sindical de CGT. La connivencia entre todas partes fue tal que despidieron a estos tres trabajadores incumpliendo incluso los propios requisitos que DGA exigía en las condiciones del acuerdo de concertación de los nuevos recursos donde se especificaba la necesidad de tener la titulación de Educación Social.
La clara animadversión de Kairos hacia esos trabajadores se ratificó al mes siguiente en el Servicio de Mediación y Arbitraje (SAMA) cuando se negó rotundamente a su reincorporación pese a la constante necesidad de personal que ha tenido durante este año de gestión. Y es que Kairos durante este período ha priorizado la rentabilidad económica frente a la atención a los menores. Muestra de ello es que en este tiempo ha acumulado más de quince denuncias por distintos motivos como despidos nulos, imposiciones unilaterales de servicios guardias o modificación de condiciones laborales de convenio.
Incluso en una ocasión fue denunciada por la sanción de falta grave que sufrió la secretaria de la sección sindical de CGT y miembro del Comité de Huelga, quien mandó un mail pidiendo soluciones a DGA y a dicha entidad por la negligente atención a los niños y niñas de las Casas de Acogida que gestionan.
Desde CGT denunciamos de nuevo los intereses mercantilistas existentes entre la Administración Pública y entidades privadas en la atención a niños y niñas en protección. El pasado mes la sección de Intervención Social y Educación no Formal del Sindicato de Enseñanza de Aragón y Rioja interpuso un recurso especial en materia de contratación tras publicarse los pliegos que condicionan la gestión de los centros de protección de menores residencial y de transición a la vida adulta de titularidad privada. Estos pliegos eran impugnados por la aparición de la categoría “Auxiliar Educativo” que ha introducido con criterio economicista el gobierno de Lambán por primera vez en los servicios residenciales para los menores en protección.
