Una sanción reabre el debate sobre el uso de Google en la educación pública española
La Agencia Española de Protección de Datos sanciona a la consejería de Educación canaria por no incluir una evaluación de impacto en su convenio con Google. Expertos siguen advirtiendo sobre la extracción de datos por las “Big Tech”.
SUSANA SARRIÓN
“Vinieron para quedarse”, es una reflexión compartida por expertos en educación digital de nuestro país sobre la implantación de grandes empresas tecnológicas, las llamadas “Big Tech”, en la educación pública española. Casi todas las comunidades autónomas españolas firmaron convenios con estas empresas, en España principalmente con Google y Microsoft, para dar solución a la necesidad de impartir clases de forma virtual provocada por la pandemia del Covid 19. En marzo de 2021, 12 de las 17 comunidades autónomas habían llegado a distintos acuerdos con las empresas, dos de las llamadas GAFAM: las cinco grandes empresas tecnológicas estadounidenses: Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. La comunidad autónoma andaluza fue la única que firmó un convenio, en octubre de 2020, con ambas: Google y Microsoft.
Desde entonces, lo que se percibió como una ocasión para establecer y desarrollar herramientas digitales democráticas por una parte de la comunidad educativa y los expertos en educación digital, defensores del software libre, fue realmente aprovechado como una ventana de oportunidad por estas grandes corporaciones que, ya pasada la crisis sanitaria, siguen proveyendo de aplicaciones y soluciones digitales a los centros educativos españoles, y no sólo a colegios e institutos, también se han implantado en muchas universidades españolas.
Durante todos estos años, las mismas voces concienciadas con la necesidad de establecer soluciones digitales más acordes a los objetivos de la educación para lograr una sociedad más justa e igualitaria, han advertido sobre el verdadero “maná” que se encuentra detrás de la aparente “gratuidad” de las aplicaciones: el uso de los datos. Datos a los que las “Big Tech” pueden acceder a través de los dispositivos y que, según las voces expertas, no se limitan a utilizar la información estrictamente necesaria para el funcionamiento de las aplicaciones, sino que van más allá y extraen todo aquello que puede medir nuestro comportamiento: la cantidad de clicks; dónde, cómo y cuánto navegamos por la red; cómo hablamos, miramos, nos movemos; información que nos puede parecer trivial como individuos anónimos pero que sirve para identificar y predecir comportamientos humanos y por lo tanto, de controlarlos. En educación, no sólo el alumnado es monitorizado, también el profesorado y las familias, esa “vigilancia” se extiende a toda la comunidad educativa, denuncian.
El pasado 27 de julio, la Agencia Española de Protección de Datos emitió una resolución de procedimiento sancionador en la que apercibe a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias por las infracciones de diferentes artículos del Reglamento General de Protección de Datos. Una resolución celebrada primero con entusiasmo y luego con escepticismo por organizaciones como XNet, una red de activistas especialistas en derechos digitales; y que expertos en educación digital y derechos digitales han tildado de “insuficiente” para El Salto Andalucía, pero que ha reabierto el debate y revitalizado la atención sobre el modelo de digitalización educativa en España.
¿Google, sí o no?, el problema no es el papeleo sino el modelo
La resolución es fruto de una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), del progenitor de un alumno de un instituto de secundaria de La Laguna en Santa Cruz de Tenerife que consideraba que la implantación de la plataforma Google Suite para la educación, “no satisface ni se ajusta a los requisitos legales sobre protección de datos” y así figura en los antecedentes de la resolución. El reclamante detalla varias quejas acerca de la falta de consentimiento, autorizaciones y problemas con la gestión de los datos y la información de las aplicaciones de G Suite.
Luis Fajardo, profesor de Derecho Civil de la Universidad de La Laguna en Tenerife señala la resolución de la AEPD como “pobre e incongruente”. Nos explica que tiene mucha letra pequeña y que amonesta a la Consejería por la carencia de una Evaluación de Impacto en Protección de Datos previa a su convenio con Google pero se queda en la formalidad, en los papeles, no llega al fondo de la cuestión: el modelo a seguir, y se pregunta, “¿sigue siendo válido el convenio cuando las cosas se han hecho mal? ¿Es válido entonces establecer un convenio con Google o no?” El principal problema para el experto en Protección de Datos es que “Google no es una empresa de servicios, ha dejado de serlo si alguna vez lo fue. Las aplicaciones ofimáticas que ofrece no están pensadas para dar un servicio sino como un sistema de extracción de datos de lo que hace el usuario”.
Luis forma parte de EDUCATIC de la ULL una asociación que pretende que “las mejores tecnologías lleguen a la educación en el respeto a los valores a los que ésta debe responder; y que defienden que el ciudadano del mañana debe estar empoderado por la tecnología, y no ser un mero usuario sin capacidad de decisión” y asegura a este medio que la resolución trata asuntos complejos pero abordables y claramente mejorables, destacando dos: el uso de los datos y el consentimiento.
En cuanto a la evaluación de impacto, comenta, ésta analiza cuáles son los riesgos de esa gestión de los datos para los derechos de las personas. Recuerda que en alguna evaluación de este tipo elaborada en otros acuerdos de educación con Google se han llegado a señalar hasta ocho diferentes grandes riesgos altos que no supera, cuestionando el uso de telemetría para conseguir datos y metadatos, generando riesgo de que se extraigan pautas conductuales, “la empresa no aclara todos los tratamientos de datos que hace y no hay control para regular qué tratamientos hace y cuáles no”.
Luis aclara el concepto del consentimiento respecto al uso de los datos. Cuenta que hay una legitimación del uso de los datos para los organismos públicos donde hospitales, Hacienda, Cuerpos de Seguridad del Estado, no tienen que pedir el uso de datos del ciudadano, utilizan datos específicos con un fin explicitado. Explica que en este caso, si se pide el consentimiento es porque van a hacer algo más de lo que el contrato les permite, porque van a hacer algo más de lo que la ley regula, “cuando te piden el consentimiento siempre puedes negarte y si lo haces, no puede tener ninguna consecuencia; en educación no pueden excluirte del grupo, no pueden darte otra educación. El consentimiento aquí no procede y si se pide es porque está viciado, y la resolución no entra en valorar esta percepción”.
Luis sugiere otro tipo de herramientas que sí proporcionan el servicio con una garantía respecto al uso de los datos: The Big Blue Button, para videoconferencias, Next Cloud para la gestión y uso de archivos, campus virtuales como Moodle “que es más viejuno de aspecto pero le da mil vueltas al Classroom de Google”. Entiende que es un tema complejo a muchos niveles, también económicamente, “Google dice ofrecer sus servicios de forma gratuita pero después empieza a cobrar por otros servicios como alojamiento, esto no parece acorde a la contratación pública, ¿Dónde están el resto de empresas?, no puedes saltarte la competencia”. Lo complicado, según el experto, es cuando un Gobierno resuelve no utilizar las plataformas digitales de estas “Big Tech”, “es una decisión que no va a gustar a mucha gente, a esto ayudaría una sentencia judicial que lo avale, esta resolución se podría llevar a la Audiencia Nacional porque no entra en las cuestiones de fondo: que el convenio es nulo porque no se ha hecho bien y no se puede arreglar”.
Los datos son el oro blanco del S XXI
A Enrique Javier Díez Gutiérrez, Doctor en Ciencias de la Educación, ensayista y profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León, le parece que la resolución de la AEPD abre una puerta, “esta familia ha dado un paso pero no deja de ser algo periférico, además puede lograr que Google ahora pueda decir: ‘firmo el protocolo y ya nadie me puede volver a reclamar’”. Para Enrique lo verdaderamente interesante es generar alternativas públicas que vayan más allá del modelo privado, “habría que empezar cuanto antes por socializar la nube y desarrollar infraestructuras digitales públicas. Para eso se necesitan muchas iniciativas pero sobre todo voluntad política de nuestros gobiernos, para que estas iniciativas no sean una gota en un océano”.
Coincide con el profesor Fajardo en afirmar que “no damos los datos, nos los quitan. El consentimiento que damos con nuestros datos no es ni informado, ni voluntario. Cuando la gente se resigna a dar sus datos cree que no tiene opción, no siente que tenga el poder de recuperarlos”. Afirma que nuestros datos ahora mismo son el oro blanco del S XXI, valiosos porque se pueden vender, porque contienen información que se puede utilizar para vender el acceso a nuestras vidas, y tratar de predecir lo que vamos a hacer mañana —no sólo como consumidores presentes, también como futuros— para vendernos productos, manipular nuestro comportamiento o controlarnos.
En la educación, Enrique advierte sobre el avance imparable del “capitalismo Ed Tech”, que está definiendo las nuevas políticas educativas globales a través del relato de un futuro de educación digital asociado a la modernización: “con la excusa de la innovación educativa han movilizado campañas de marketing viral que anuncian eso de vamos a re-evolucionar la educación, pero realmente han convertido un bien común y esencial como la comunicación y la educación en un gran nicho de mercado que presiona a los centros educativos, a las familias, al profesorado, al alumnado, a comprar más productos tecnológicos de gamas cada vez más altas”.
El profesor señala que esto no incita tan sólo el consumismo, también aumenta las desigualdades entre quienes pueden comprar estos productos, aquellos que tienen la opción ‘Pro’, de pago, y los que no, “Los chavales ya no dicen ‘Nivel Dios’ sino ‘Nivel Pro’ porque sólo los que lo pueden pagar tienen acceso”. Por lo tanto, asegura, “debería declararse ilegal comprar o vender datos porque se está construyendo una sociedad de vigilancia permanente que está erosionando la democracia. Cada vez que interactuamos con un teléfono móvil, ordenador, ipad; todo lo que leemos, lo que publicamos, lo que compramos, lo que vendemos, lo que visitamos, todo lo que se digitaliza, se traduce en vigilancia”.
Enrique está a punto de publicar un libro: Macrogranjas digitales educativas donde analiza junto a otro especialista el concepto de las escuelas “donde las Big Tech pueden lograr la mejor fuente de extracción y recopilación de información, de datos, de deseos, educando y fidelizando a los clientes futuros sobre los que el sector de las aseguradoras, las finanzas, los préstamos bancarios, van a imponer condiciones sibilinas para especular y apostar sobre las perspectivas futuras de cualquier niño o niña”.
Una digitalización de Europa para Europa
Geo Saura,profesor de política educativa en la universidad de Barcelona y experto en capitalismo digital, apunta al concepto “solucionismo tecnológico” que ha provocado lo que él define como un gran proceso de privatización donde los gobiernos no disponían de herramientas digitales para abordar procesos educativos en pandemia, “trataron de solucionar la demanda con lo que tenían”. Para Geo, “el debate ahora mismo no es tecnología sí o no, eso está superado; el debate hoy en día reside en el modelo, si seguimos con el solucionismo tecnológico o establecemos una tecnología más humana, que ponga al ser humano en el centro. La tecnología que se incorpore a sistemas de educación públicos no puede provocar ningún sesgo por género o discriminación racial, nunca debe producir mayor desigualdad. Ha de tener como objetivo la justicia social y la democracia”.
El proceso de solucionismo tecnológico seguido en España hasta ahora ha generado, según Geo, procesos más grandes donde las plataformas de las empresas “Big Ed Tech” se erigen como “cajas negras” donde, “cualquier software que quiera entrar en la educación pública tiene que jugar con sus reglas del juego y se le aplican procesos rentistas”. Desde luego, el volumen de negocio de la educación digital es sumamente jugoso: según Geo Saura, “en 2010 las tecnologías digitales de la educación estaban valoradas en 500 millones de dólares a nivel mundial, en 2020 se llegó a valorar en 20,8 billones de dólares y la última especulación se atreve a poner en el horizonte de 2030 una cifra de 10 trillones de dólares”. Datos que, según el experto, muestran la importancia de los procesos de privatización que se están generando, “es incomparable la cantidad de capital que ahora mismo está en juego con los procesos históricos de la privatización analógica, las corporaciones tecnológicas se están erigiendo como nuevos actores políticos”.
Volviendo a la resolución de la AEPD, para Geo, la Agencia no tendría que comunicar a Google que no cumple con la burocracia de obtención de datos y que esta empresa modifique su fórmula de obtención de los mismos. “Si la agencia estatal de protección de datos verifica que no se está cumpliendo la legislación lo que tiene que hacer es prohibir o limitar esto, los Gobiernos tienen que garantizar los sistemas de protección de datos”, afirma. En este sentido apunta a la nueva política de la Unión Europea que aboga por la defensa de la soberanía digital, aunque parezca un concepto muy amplio y ambiguo, pero que está apoyando y desarrollando procesos de digitalización de los países europeos que vengan establecidos desde programadores de software y agentes europeos: “Una digitalización de Europa para Europa que evite una dependencia constante del mercado de Silicon Valley o Asia”.
Para Geo es necesario modernizar nuestros sistemas tecnológicos y aprovechar el desarrollo de software que tenemos, “el talento de los creadores y diseñadores de software libres que llevan mucho tiempo trabajando en España es brillante”. Hasta ahora, prosigue, el problema del manejo del software libre es que “había que ser un poco militante para poder trabajar con él y el profesorado ahora mismo está sometido a una gran carga de trabajo con la rendición de cuentas que vive con el día a día y manejar el software libre hasta ahora mismo era muy complejo y sin lugar a dudas Google se ofrece como una herramienta más intuitiva, más fácil de utilizar”.
Para contrarrestar esto, según Geo, estos programadores tienen que trabajar con los Gobiernos y crear herramientas digitales más intuitivas, fáciles y útiles; que permitan espacios de creatividad tanto para el profesorado como para el estudiantado. “Las aplicaciones de Google establecen unos procesos de control muy determinados que dejan poca capacidad de maniobra a los docentes y no se fundamentan en los procesos de creatividad y desarrollo de espíritu libre que tienen que ser la base de cualquier sistema educativo”.
La realidad de los centros educativos
¿Qué es lo que ocurre en un centro educativo? José Antonio Sierra Rodríguez ha sido profesor de filosofía en el IES de Jimena de la Frontera, Cádiz. En el instituto ocurre lo mismo que en muchos otros centros educativos andaluces, donde tienen la posibilidad de utilizar dos plataformas digitales: Moodle Centros —que utiliza software libre y aloja los datos e información del alumnado en servidores públicos gestionados por instituciones democráticas que deben cumplir con la normativa europea de protección de datos— y el paquete de aplicaciones de Google. La elección se deja en manos del profesorado, algo que genera en algunos casos roces entre el profesorado, el alumnado y sus familias.
Muchos centros, según Jose Antonio, llegan a un momento en el que quieren decidir sobre una plataforma u otra. En su instituto abordaron esta tesitura el año pasado y, aunque una amplia mayoría abogaba por elegir la plataforma de Google, él reflexionó con la comunidad educativa para crear un grupo de trabajo con el profesorado interesado en “informarse y hacer más digerible este tema a la comunidad educativa”. Contactaron con X- net, vinculado a la Universitat de Barcelona; EducaTic14, iniciativa de profesionales relacionados con la IA y el ámbito del derecho de la Universidad de La Laguna, o GRITE15, Grupo de Reflexión e Información sobre Tecnologías Educativas, del AMPA del CEIP Gómez Moreno de Granada.
El grupo de trabajo recopiló pros y contras en video conferencias y documentos pero finalmente el tema no se terminó tratando en los claustros y lo único que consiguieron fue volver a la libertad de que cada docente utilice la plataforma que estime conveniente, “no tenemos conciencia, es un tema muy nuevo y va a costar mucho tiempo y pedagogía para que el profesorado entienda la magnitud de estas decisiones” concluye Jose Antonio.
Este artículo fue originalmente publicado en elsaltodiario.com
