Como es bien sabido, los horarios del profesorado en sus centros educativos están repletos de reuniones diversas que, en estos momentos, y en la mayoría de los casos, se están realizando de manera presencial. Además, al parecer, algunos y algunas inspectoras están exigiendo que el profesorado cumpla con todo su horario de estancia en sus centros.

Respecto a lo primero, se hace necesario señalar que esta manera de actuar por parte de inspección educativa contradice la ORDEN ECD/794/2020, de 27 de agosto, en la que «se dictan las instrucciones sobre el marco general de actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón». Así, en su instrucción decimosexta se dice con claridad que «se deben priorizar las reuniones telemáticas». De esta manera, reuniones de coordinación como las que realizan los equipos de tutores y tutoras o los miembros de los departamentos, que en estos momentos están teniendo un carácter presencial, deberían, si así lo consideran oportuno los y las afectadas, realizarse vía telemática dado que la escuela aragonesa continúa en el escenario 2 al que se refieren las instrucciones del pasado 27 de agosto. Las reuniones telemáticas desde el propio centro, sugeridas en algunos casos, tampoco tienen sentido cuando, además, hay ocasiones en las que dichos centros no disponen de los recursos necesarios para realizarlas en las condiciones adecuadas.

Paralelamente, y en relación a la exigencia de que se cumpla totalmente con el horario de presencialidad en los centros, consideramos absurdo que en una situación como la actual se fuerce a los y las docentes a permanecer en sus centros, ampliando de esta manera su riesgo de contagio, cuando el trabajo que se realiza en dichas horas puede llevarse a cabo perfectamente desde casa.

Invitamos a inspección educativa a que reconsidere este enfoque totalmente extemporáneo y que lo adecue a la situación actual. Una situación en la que se están produciendo constantes brotes en centros educativos producto, entre otras cosas, de la errática planificación realizada por la administración educativa. Al menos, los riesgos que dichas políticas suponen para el profesorado ―y toda la comunidad educativa― deben reducirse en aquellas horas de nuestros horarios en las que nuestro trabajo no necesite necesariamente realizarse de manera presencial.