Pacto educativo
Uno de los mantras cuando se habla de los problemas del sistema educativo en nuestro país es atribuirlos a los sucesivos cambios de leyes que los diferentes gobiernos han ido realizando desde los años 70. «Con tanto cambio, no hay quien se aclare», se dice. Y lo cierto es que la estabilidad debería ser un elemento positivo en cualquier sistema educativo. LGE, LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOE y LOMCE. Ver en fila todas las siglas parece dar la razón a quien sostiene que tanto cambio es el principal problema educativo español.
Sin embargo, si tenemos en cuenta que empezamos en un sistema educativo franquista y que la sociedad ha experimentado profundos cambios en las últimas décadas, ¿tan excesivo resulta que haya habido siete leyes en casi cincuenta años? Puede que no ayude, pero tampoco creo que sea el principal problema ni la fuente del resto de problemas.
Traigo esto a colación porque en los últimos años se está alentando un pacto educativo que resuelva de una vez por todas los problemas de nuestro sistema educativo, que le dé estabilidad y que, por tanto, sea la solución definitiva. Sin embargo, un pacto en sí no es bueno ni malo per se, sino que depende de cómo sea y de si resuelve los problemas o parte de los problemas reales del ámbito en que se produce.
Si un pacto no resuelve esos problemas, no es que no vaya a ser positivo, sino que va a ser negativo, ya que los problemas reales que debe atajar se verán invisibilizados, olvidados e incluso quedarán legitimados. Si las diferentes organizaciones políticas, sindicales y sociales que conforman la comunidad educativa sellan un pacto que no aborda los principales problemas del sistema, ¿quién podrá después reclamar con legitimidad que esos problemas se resuelvan?
Desde las fuerzas conservadoras y liberales se está buscando sellar un pacto educativo que deje las cosas como están sin entrar a tocar los problemas principales que tiene nuestro sistema. Se busca así un pacto que, al ser asumido por el resto de organizaciones, blinde y legitime su ideario de política educativa. Pero si queremos empezar a subsanar de verdad las carencias de nuestro actual sistema educativo hay tres elementos que deben abordarse y que, por tanto, deben aparecer en cualquier posible pacto:
El primero es incrementar la vergozante financiación de la enseñanza pública en España, cifra que representa poco más del 4% del PIB. Nos encontramos así muy por debajo de la media de la UE, colocándonos en el 5º puesto de los 28 países de la UE que menos porcentaje del PIB dedican a la educación. Es absolutamente necesario acordar una financiación digna que permita dotar de recursos a un sistema público de enseñanza que malvive precariamente gracias al esfuerzo de su personal. Una enseñanza de calidad -que valore la atención a la diversidad, la igualdad de oportunidades, las nuevas tecnologías, la formación del profesorado, entre otras- es una quimera si no hay un esfuerzo económico detrás.
El segundo problema es la permanencia del adoctrinamiento religioso dentro del horario lectivo. Ya no tanto por el tiempo que ocupa dicho adoctrinamiento en el horario del alumnado y que se podría dedicar a otras materias -que indudablemente es un motivo de peso-, sino porque la escuela de un país laico debería garantizar que sus niños y niñas no sean separados en ningún momento por razón de las creencias religiosas de sus familias. La permanencia de cualquier adoctrinamiento religioso en la escuela provoca además que éste contradiga contenidos científicos de otras asignaturas y valores como la igualdad de género.
Y el tercer problema que urge abordar es asegurar tanto la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, independientemente de su origen social, como que todo alumno o alumna tenga la posibilidad de desarrollar al máximo todo su potencial. Para alcanzar cualquiera de estos dos objetivos existe un claro obstáculo: la subvención con dinero público a una extensa red de centros privados, en su gran mayoría propiedad de órdenes religiosas. Dotar de recursos a la escuela pública a medida que el Estado reduzca la financiación a estos centros privados hasta la definitiva eliminación de la subvención es absolutamente básico para que nuestro sistema educativo cumpla el objetivo de posibilitar el desarrollo integral de TODAS las personas.
Sin abordar ninguno de estos problemas el pacto educativo es nefasto, ya que permite que se siga financiando precariamente la educación, las diferentes órdenes religiosas sigan adoctrinando en la escuela y se continúen subvencionando centros privados que segregan al alumnado en función de sus capacidades y origen social.
Si el pacto educativo no aborda ninguno de estos problemas, ninguna organización que defienda la escuela pública debe legitimarlo con su apoyo. Si el pacto educativo no aborda ninguno de estos problemas es mejor no tener pacto y seguir luchando por lo público, por lo de todos y todas.
Artículo originalmente publicado en eldiario.es
