Nos ponemos en marcha para firmar un Convenio Autonómico para Protección y Reforma de menores
El 22 de noviembre CGT y UGT convocaron a las 5 empresas más representativas del sector de Protección y Reforma de menores para negociar un convenio de ámbito autonómico. Con ello se busca dignificar una profesión, la de Educador Social de menores, con unos salarios actualmente muy precarios que no son acordes al nivel de cualificación profesional de dichos trabajadores.
A esta reunión sólo asistieron los gerentes de la Fundación para la Atención integral del menor (FAIM) e YMCA. El resto de los convocados no se presentaron. Por un lado, Ozanam y Kairos se limitaron a contestar un escueto «consideramos que no se dan las condiciones necesarias para poder abordar esta cuestión». Por su parte FEPAS, que fue la quinta invitada por su nivel de representación en el sector, ni contestó ni asistió.
No es la primera vez que la creación de un Convenio Autonómico de Protección y Reforma se pone sobre la mesa. Las conversaciones se iniciaron en julio del 2019, cuando la mayoría de los gerentes de las empresas mencionadas compartían la necesidad de crear un convenio autonómico, pero siempre se dudaba de si el momento era el adecuado. El gerente de Ozanam, José María Lamana, ha sido el único que en ningún momento ha visto oportuno reunirse con los representantes de los trabajadores para abordar este asunto.
Desde la administración, en varias reuniones mantenidas tanto con el anterior gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) Joaquín Santos como con la actual Noelia Carbo, el mensaje siempre ha sido el mismo: «una administración publica nunca se va a interponer en las relaciones entre trabajadores y empresas». Sin embargo, los gerentes de las entidades que asistieron a la reunión del 22 de noviembre esgrimen como argumento para no constituir formalmente la mesa de negociación que no tienen garantías de que la administración vaya a aumentar los conciertos/contratos que con ella tienen. Este argumento hace que se posponga siempre la constitución de dicha mesa negociadora para una mejor ocasión… la cual no parece llegar nunca para ellos.
CGT considera que es un sector que no puede esperar más. Los salarios son tan precarios que en la actual situación económica muchos de sus trabajadores están abandonando el sector. En periodos vacacionales y otras contigencias es difícil encontrar Graduados en Educación Social que quieran cubrir esos puestos con sus actuales condiciones laborales. Además, los turnos de trabajo hacen complicada la conciliación de la vida laboral y familiar.
El sector se ha movilizado en varias ocasiones, que siempre ha sido cuando desde las empresas o la administración estaban priorizando la gestión económica con recortes de personal, lo que repercutía en la calidad del servicio hacia los menores que atienden. Jamás se ha planteado una reivindicación del tipo salarial, pero ya está bien. La profesión de Educador Social merece un salario digno ya. Y con ella la del resto de profesionales que atienden a los menores y hacen que los centros sigan abiertos. Durante la pandemia se calificó a los trabajadores como personal esencial, trabajaron todos los días del confinamiento, con unas medidas de seguridad sanitaria que merecen un capítulo aparte… y ahí estuvieron todos los trabajadores cuidando de los menores tutelados por el Gobierno de Aragón. Así que ahora exigimos tanto a las empresas como al Gobierno de Aragón que negociemos un Convenio Autonómico que dignifique la profesión.
Con la ausencia continuada de José María Lamana, gerente de Ozanam, CGT quiere expresar su preocupación ante una entidad que se autodenomina «social» y que no quiera reunirse con los sindicatos: «nos sorprende que la administración siga concertando plazas con ellos, no solo en protección y reforma, sino también en dependencia, salud mental y residencias de mayores, que es donde más plazas gestiona en la comunidad autónoma. ¿Cómo trata a sus trabajadores? ¿Respetan sus derechos laborales?»
Este sector emplea graduados universitarios como educadoras sociales, enfermeras, psicólogos psiquiatras, maestros, etc., además de otros profesionales como personal de servicios y mantenimiento. Todos ellos son los encargados de cuidar y educar a los menores que por diferentes motivos han terminado en los servicios de tutela del Gobierno de Aragón. Y es el gobierno el que a su vez contratará con distintas empresas y fundaciones que pujan para gestionar los centros residenciales propios de la administración. Todo esto nos lleva a la imperiosa necesidad e importancia de negociar convenio autonómico con unos mínimos dignos y justos para los trabajadores, que nos equipare en derechos y garantías a otras comunidades que han apostado por este sector.
La mayoría de los contratos/conciertos con la administración tienen una duración media de 4 años, lo que supone una gran incertidumbre para el personal laboral de estas empresas y entidades. Sin un convenio digno y justo cada 4 años pueden cambiar de empresa, y con ella sus condiciones laborales.
