Las enseñanzas de Formación Profesional deben garantizar la cualificación técnica de los alumnos y alumnas pero también promover su acceso a la ciudadanía laboral, es decir, al ejercicio de los derechos que, como trabajadores, tenemos todos los ciudadanos.

JOSÉ LUIS CARRETERO

Los Fondos Europeos de Reconstrucción, de los que cerca de 140.000 millones, entre subvenciones y préstamos, van a corresponder a España, van a ir destinados, en parte, a la expansión y mejora de la Formación Profesional. Pero el problema esencial de la FP en nuestro país no radica tan sólo la inveterada falta de recursos públicos y de atención legislativa que ha sufrido esta etapa formativa. Las cuestiones que debemos resolver tienen que ver, también, con la elección estratégica del modelo de Formación Profesional que se quiere desplegar y con su adecuación al proceso de modernización y cambio del modelo productivo que nuestro país necesita, como ha puesto de manifiesto la brutal debacle económica en que nos ha sumido la pandemia de covid-19.

Según nos comunica la Asociación Nacional de Profesores de Formación y Orientación Laboral (Anprofol), el Ministerio de Educación está trabajando sobre el borrador de una nueva normativa para la Formación Profesional. Anprofol, de hecho, constituyó un equipo de trabajo del que formamos parte numerosos profesionales docentes de esta etapa educativa, para hacer una batería de alegaciones y propuestas relacionadas sobre los ejes básicos que, parece ser, van a delinear la estructura de la futura Formación Profesional.

La FP ha sido durante mucho tiempo el patito feo del sistema educativo. Los alumnos y alumnas que “no servían para otra cosa” eran derivados a los ciclos formativos, y el conjunto de la sociedad veía la FP como algo destinado a dar una mínima instrucción a quienes no eran capaces de continuar sus estudios.

Sin embargo, en estos momentos, es evidente que la necesidad de un cambio de modelo productivo, acrecentada por los efectos de la pandemia, resalta enormemente la importancia de la tener una base suficiente de capital humano formado y preparado para llevar a cabo, en las posiciones de cuadros medios de las empresas, actividades de mayor valor añadido. La Comisión Europea ha remarcado reiteradamente la importancia de la Formación Profesional para este cometido y ha hecho hincapié en la falta de titulados medios en nuestro país, que profundiza nuestra atonía industrial y nuestro vegetar en el campo de la innovación productiva.

Parece ser que el proyecto sobre el que está trabajando el Ministerio tiene como una de sus líneas estratégicas principales desarrollar plenamente una FP de estructura modular. Esto implica que, realizando pequeños módulos formativos, con plena flexibilidad (ya sea mediante convalidaciones con la práctica profesional, mediante actividades educativas en la FP reglada o realizando distintos cursos en la FP para el empleo y la ocupacional), se podrá llegar a convalidar la totalidad de un ciclo formativo oficial, igual que se hace hoy en día con los certificados de profesionalidad.

Dicho modelo podría tener sus aspectos positivos, si se permitiese, por ejemplo, a los profesores y profesoras del sistema público reglado impartir formación en las empresas o en el sistema de FP para el empleo. Pero también implica cuestiones preocupantes que debemos tener en cuenta. Por ejemplo: la posible pérdida de una visión integral, de conjunto, de la profesión elegida por parte de los alumnos, y la desaparición de los elementos transversales (como las soft skills y los conocimientos básicos sobre los derechos laborales o ciudadanos) que se adquieren preferentemente mediante la convivencia en los centros educativos y gracias a la dimensión holística que incorpora (se quiera o no) la realización completa de un ciclo de formación reglada en la actualidad

Además, un sistema modular ultra-flexible podría generar incentivos para la transformación de la FP reglada en lo que actualmente se han transformado, en gran medida, la FP para el empleo o la FP continua: un campo abierto para la impartición de cursos y talleres, de dudosa calidad formativa, por parte de pequeñas empresas y entidades de todo tipo, en un proceso de privatización encubierta.

Por otra parte, el Ministerio quiere profundizar en la implantación del modelo de FP Dual. Un modelo que ha demostrado un deficiente desempeño en nuestro país, al haberse implantado de maneras muy diferenciadas por las distintas Comunidades Autónomas. La puesta en marcha de la FP Dual precisaría de una previa delimitación de sus contornos y normativa propia, para evitar que se convierta en una manera de obtener mano de obra barata por parte de las empresas, en la que estas pueden evitar dar la formación precisa a los alumnos, mientras utilizan su fuerza de trabajo sin apenas limitaciones, soslayando la aplicación de la normativa laboral.

Para adecuar la FP Dual a la situación española se precisaría la homologación pública de los tutores de las empresas (como se hace en el Norte de Europa), el control sindical de los puestos de trabajo ocupados por los estudiantes y de las funciones que realmente llevan a cabo en ellos, la confección de una base de datos de empresas “confiables” por parte de la Administración educativa y, sobre todo, el alargamiento de la duración de los ciclos, para impedir que los alumnos y alumnas pierdan contenidos teóricos y garantizar la polivalencia de sus aprendizajes en el conjunto del sector productivo al que viene referido el título.

La propuesta del Ministerio, también, hace hincapié en el fomento de la interrelación entre los centros de FP y la realidad productiva de su sector, favoreciendo la participación de profesionales senior en las enseñanzas o la impartición de módulos formativos por las empresas en los centros públicos. Se plantea la relación como unidireccional (de la empresa al centro, pero no al revés) y se centra únicamente en los actores empresariales.

Sin embargo, una auténtica generación de sinergias entre el sistema educativo y el aparato productivo precisaría de una cooperación multinivel y sin muchas cortapisas, que generase ecosistemas de aprendizaje diversos y creativos, basados en la idea de la escuela sin muros y totalmente conectada con el entorno. Estamos hablando de Departamentos de Extensión en los centros de FP, que vehiculen su relación con las empresas, pero también con los consumidores, los sindicatos, los grupos de fomento de la igualdad o los derechos humanos, los vecindarios, la universidad, las organizaciones de la sociedad civil (como despensas solidarias u organizaciones de parados), el sistema de formación para el empleo (en el que los profesores del sistema reglado público podrían impartir también formación, al igual que en las empresas y asociaciones vecinales), etc.

En definitiva, no debemos perder de vista que las enseñanzas de Formación Profesional, como germen de un futuro sistema de aprendizaje integral sobre, y desde, el mundo del trabajo, no sólo deben garantizar la cualificación técnica de los alumnos y alumnas, sino también promover su acceso a la ciudadanía laboral, es decir, al ejercicio de los derechos que, como trabajadores, tenemos todos los ciudadanos.

La ciudadanía laboral y el conocimiento en detalle de los derechos fundamentales y de la forma de hacerlos efectivos, tanto dentro como fuera del lugar de trabajo, tienen que ser un elemento esencial de una Formación Profesional democrática e integral. Cualquier reforma que desconozca o minusvalore esta cuestión, no sólo consistirá en una nueva vuelta de tuerca en la deriva neoliberal que ha acompañado las reformas educativas de las últimas décadas, sino que, además, constituirá un nuevo obstáculo a cualquier proyecto de cambio de modelo productivo que pretenda sacarnos del círculo vicioso de trabajo precario, hiper-explotación, falta de cualificación y baja productividad, en el que nuestro país está sumido.

Desde un paradigma basado en su conversión en un ecosistema abierto y plural, creativo y basado en el conocimiento, la Formación Profesional puede ser un pilar fundamental para una amplia movilización social, productiva y cultural que genere en nuestro país las bases materiales imprescindibles para un proceso de desarrollo económico sostenible y para el inicio de una dinámica de avance de la ciudadanía sobre la producción.

Desde las propuestas del sindicalismo combativo, la economía social y solidaria, el emprendimiento colectivo y la defensa de la participación de los trabajadores en la gestión real de la vida económica, hemos de apostar por una Formación Profesional que hable de derechos, de conexión con la sociedad, de bienes comunes y cuidados, de tecnologías sostenibles, de apertura e innovación y de gestión pública participativa. Los docentes, además, tenemos que contribuir a imaginar y nombrar la FP que queremos y que nuestra sociedad se merece, para que la educación pública no se convierta en pasto de tiburones financieros y burocracias inmovilistas. Estamos en ello.

Este artículo fue originalmente publicado en elsaltodiario.com