Enrique Javier Dí­ez Gutiérrez

Celaá ha reconocido que la libertad de las familias para escoger una educación religiosa o elegir un centro de enseñanza para sus hijos e hijas «no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artí­culo 27 de la Constitución».

La alianza neocon (neoliberales y conservadores), abanderada en este caso por los obispos, la jerarquí­a católica y la patronal de la concertada, han puesto el grito en el cielo (metáfora adecuada en este caso), al oí­r a la ministra de educación Celaá, en la inauguración del XV Congreso de Escuelas Católicas, asegurar que la «libre elección» de la escuela por las familias no es un derecho recogido en la Constitución. A pesar de la reiterada defensa y apoyo de los conciertos educativos de Celaá, algo que ha demostrado no solo en su práctica ministerial durante el gobierno del PSOE, sino como consejera de educación en el paí­s vasco, ha reconocido que, efectivamente, la libertad de las familias para escoger una educación religiosa o elegir un centro de enseñanza para sus hijos e hijas «no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artí­culo 27 de la Constitución».

La derecha conservadora, la ultraderecha, los obispos más reaccionarios, la jerarquí­a católica en general y, sobre todo, la patronal católica de la escuela concertada (que ya ha acaparado el 15% del total del sistema educativo y el 58% de la enseñanza privada-concertada, es decir, financiada públicamente con el dinero de todas y todos) se ha alzado en armas, para anunciar que el nuevo gobierno «bolivariano» PSOE-Unidas Podemos «cercena el derecho de las familias», «adopta posturas radicales», «se aleja del pacto constitucional», «engrasa la maquinaria de adoctrinamiento», «declara la guerra», etc., etc. Todas expresiones de dirigentes polí­ticos y mediáticos de la alianza neocon.

Sorprende esta reacción en pleno siglo XXI porque es algo bien sabido que la Constitución, el Derecho Constitucional y el propio Tribunal Constitucional da toda la razón, en esta ocasión, a la ministra de educación, cuando se reafirmaba delante de 2.000 directores y dueños de centros educativos católicos, tras el murmullo de protesta que se extendí­a por el Congreso antes sus palabras, declarando que «de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres y madres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrí­an ser parte de la libertad de enseñanza», recogida en la Constitución, aludiendo a la sentencia del propio Tribunal Constitucional al respecto.

Ha recordado también que el modelo de conciertos de España es una anomalí­a en el panorama europeo. De hecho, somos el tercer paí­s de Europa en este tipo de centros, detrás de Bélgica y Malta. En todos los demás paí­ses, según datos de la OCDE, la educación es fundamentalmente pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la UE-28, frente a un 67,3% de España).

Inmediatamente, el presidente del PP, Pablo Casado, al servicio de la patronal de la concertada y de la jerarquí­a católica, ha tuiteado (al estilo Trump: polí­tica a través de twitter) que la libertad de enseñanza es «fundamental» en democracia y «está garantizada por la Constitución». Claro, eso es, efectivamente lo que dice la Constitución: «libertad de enseñanza», que se sustancia en «libertad de creación de centros docentes», no de financiación pública de las elecciones privadas. Del artí­culo 27 no se puede interpretar que el Estado tenga la obligación de contribuir a financiar y mantenerlas. Pero parece que, a pesar de su cansina reiteración de autodeclararse constitucionalistas, pocos leen la Constitución.

De acuerdo con la Constitución, la educación es un derecho social que los poderes públicos están obligados a garantizar y organizar a través de la planificación general de la enseñanza, la creación de centros docentes públicos y la participación efectiva de la sociedad en su gestión. La «libertad de enseñanza» reconocida por la Constitución Española (Artí­culo 27), a la que aluden, se concreta en la Carta Magna en la posibilidad de creación de centros privados, con arreglo a una normativa estatal, para el reconocimiento y homologación de sus actuaciones. Pero en modo alguno se contempla en nuestra Constitución, ni en el derecho comparado, la posibilidad de que las familias deban recibir una ayuda pública para elegir entre ambas redes, pública y privada, ni que ésta última deba ser financiada con fondos públicos.

Pero en una interpretación abusiva de este derecho de creación de centros, fue voluntad polí­tica del gobierno del PSOE de Felipe González establecer y consagrar, en la ley educativa LODE, que se pudiera elegir entre dos redes, y que ambas fueran financiadas con fondos públicos, tanto la pública como la privada. Con lo que se quiere confundir el derecho a crear centros privados con el de las familias a recibir una ayuda pública para elegirlos, lo que, en modo alguno está ni en nuestra Constitución ni en el derecho comparado.

El texto constitucional establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, pero no indica que el Estado esté obligado a otorgar gratuidad a la educación en centros privados por el simple hecho de que las familias elijan un centro distinto del creado por los poderes públicos. Así­ lo dejó asentado el Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de julio, dictada por su Sala Segunda: «…siendo del todo claro que el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales.» Por lo que, como dice Celaá, en ningún momento el Constitucional indica que forme parte de la libertad educativa el derecho a elegir centro.

No obstante, poco sorprende que el PP y Casado utilicen esto como arma arrojadiza contra el acuerdo de nuevo gobierno progresista entre PSOE y Unidas Podemos en España. Así­ lo manifiesta en el final de su tuit Casado denunciando «el modelo del nuevo gobierno de izquierda radical. Hablan de libertad, pero la cercenan cuando no se ajusta a su ideologí­a». Haciendo gala justamente de su polí­tica y filosofí­a habitual, que tilda de adoctrinamiento todo lo que no sea el suyo.

Revuelta neocon a la que se ha sumado el partido neoliberal radical Ciudadanos, a través de su portavoz Arrimadas, que también tuitea en la misma clave: «entregar a Podemos las llaves del Gobierno tiene un precio muy alto para las familias españolas». Pero, quizás, quien expone con más claridad los principios esenciales de esta revuelta neocon es el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, asegurando que (y fí­jense en los términos que emplea) «la exclusión del derecho de los padres» supondrí­a un giro en la polí­tica educativa de extraordinaria gravedad para la libertad de enseñanza en una sociedad tan plural que precisa unas bases educativas «conforme a las convicciones de las familias y su iniciativa social», y que «las administraciones han de garantizar conforme a la Constitución y los tratados internacionales firmados por el Estado». Las dos claves esenciales: «libertad de elección» y «demanda social». La base del modelo neoliberal, anclada en la pedagogí­a del individualismo insolidario, aplicado a la educación. Filosofí­a que proclaman con entusiasmo ahora tanto neoliberales como neoconservadores modernizados.

Lógicamente, a esta reacción neocon se han unido los medios de comunicación afines. El periódico El Mundo titulaba: «Celaá declara la guerra a la concertada al negar el derecho constitucional de las familias a escoger colegio». Iniciando la crónica con «En un guiño a Podemos… ha lanzado este jueves toda una declaración de guerra a la escuela concertada, donde estudia casi una cuarta parte del alumnado español». Ahí­ es nada. Parecen frases sacadas del manual de cómo articular un lawfare o guerra polí­tica de baja intensidad, que están aplicando como alternativa a los golpes de estado armados clásicos en tantos paí­ses del continente latinoamericano. A este discurso incendiario se apuntan, cómo no, otros voceros neocon con titulares similares: «Contra la enseñanza en libertad», o la radio de los obispos, la COPE: «oscuros presagios para la libertad educativa en esta legislatura».

Lo que tenemos que ser conscientes es que esta reacción neocon, ante siquiera la posibilidad de cuestionamiento teórico, que no práctico (recordemos que la ministra es una fiel defensora de la educación concertada en toda su trayectoria polí­tica hasta ahora), de una de las bases fundamentales de afianzamiento y extensión de su ideologí­a, responde a un rearme ideológico, propiciado por el auge de la extrema derecha con quien han pactado y están gobernando en diferentes partes del paí­s. Recordarles, como ha hecho recientemente Unidas Podemos, que la Constitución, redactada y pactada también incluso por dirigentes de la dictadura, establece que tiene que haber impuestos progresivos, redistribución de la riqueza o mí­nimos derechos humanos elementales, les parece infundios bolcheviques, propios de su eterna reencarnación del mal: el comunismo.

Debemos saber pues, que la alianza de los herederos del franquismo y los neoliberales junto con los ultraderechistas, no está dispuesta a renunciar a ninguno de los privilegios que se ha arrogado, y que mantienen a través no solo del poder económico, mediático, judicial y polí­tico, sino sobre todo ideológico. Consideran la educación y el sistema educativo uno de los medios fundamentales de producción ideológica y perpetuación de su control. Cuestionar sus privilegios en educación es, para ellos, declararles la guerra. Y ya sabemos cómo las gastan en estos casos.

Enrique Javier Dí­ez Gutiérrezes Profesor de la Universidad de León. Coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida. Miembro del Grupo de Pensamiento Laico.

Artí­culo originalmente publicado en publico.es