La escuela y la vulneración de nuestros derechos por parte de la administración
Natán Pasamar
A diferencia de lo que sucedía en los inicios de la pandemia, hoy por hoy no existe un equilibrio entre la educación y salud, tanto individual como colectiva, siendo esta última quebrantada por completo.
Hace unas pocas semanas el Ministerio de Educación y FP publicó las últimas estadísticas oficiales, correspondientes al curso 2018-2019. Contienen prácticamente toda la información del sistema educativo, desde las unidades de cada red al dato del abandono escolar temprano pasando por la contratación y financiación del profesorado de todo el sistema.
La inversión en educación, todo lo que las administraciones, sean o no educativas, sean autonómicas, locales o generales, invierten en educación no había recuperado la inversión que se hiciera en 2008. Entonces el total fue de 51.122.863.000 euros. En 2018 fue de 50.480.116.000, es decir, un 1,4% menos. En este tiempo todas las inversiones en educación han ido creciendo desde los peores momentos de la crisis de 2008, especialmente crudos a partir de 2012.
Pero esta caída no se ha vivido de igual manera en todos los espectros de la educación. Mientras que el gasto público general ha descendido 642.747.000 euros, la inversión de las administraciones en conciertos y subvenciones a los centros privados ha aumentado en 920.746.300 de euros. Ha pasado de ser alrededor de 5.400 millones a 6.339. En esta década, esta cifra ha sufrido algunos vaivenes importantes, empezando por la caída de unos 90 millones en 2010 y otros 74 en 2012. La primera con el útlimo Gobierno socialista y la segunda con el primero de Mariano Rajoy. De hecho, al año siguiente, en 2013, de implantación de la Lomce, la inversión en entros privados volvió a bajar casi 50 millones más. Desde entonces no ha hecho más que recuperarse hasta superar la inversión de 2008 y, sobre todo, de 2009, año en el que fue más alta en la serie hasta 2016, con 5.891 millones.
El caso es que en 2014 ya recuperó 117 millones de euros y para el año siguiente, otros 149 millones, de manera que en 2015 ya había superado con creces los recortes iniciales. Desde entonces, ha aumentado la inversión pública en conciertos y subvenciones otros 442 millones.
En los gráficos siguientes pueden apreciarse las variaciones en la inversión en cada comunidad autónoma, también del Ministerio de Educación. Las cifras están representadas en miles de euros.
En este mismo periodo de tiempo, las administraciones educativas, también después de importantísimos recortes en el sistema público, han ido devolviendo sus inversiones, pero lo han hecho a un ritmo más lento que en relación a la educación concertada. De hecho, el global no ha alcanzado las cifras de 2008.
De las 17 comunidades autónomas, además del Ministerio, siete administraciones estaban todavía por debajo de su inversión en 2008. La Comunidad de Madrid (53 millones); el Ministerio de Educación (501 millones); Galicia (algo más de 100 millones); Castilla y León (145 millones); Castilla-La Mancha (240 millones); Canarias (44 millones) y Asturias (cerca de 120 millones).
Las cinco comunidades que más inversión dedican a la educación privada son Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía, País Vasco y Valencia. Todas ellas han tenido crecimientos de la inverión en la red concertada superiores al 10%, y entre todas ellas destaca Madrid, con un aumento del 25%, según las estadísticas del Ministerio de Educación.
Lo más llamativo de este importante aumento es que sus inversiones en educación, en general, han sido muy inferiores, cuando no ha habido decrecimiento. De esta manera, cuando Andalucía ha aumentado 660 millones la inversión, un 8,9%, su subida en la privada ha sido del 11%. Cataluña le ha dedicado a la educación un 1,5% más que en 2008; a los conciertos, sin embargo ha decidido dedicarle el 15% más. El caso más llamativo, sin duda, el de Madrid. Esta comunidad tuvo en 2018 una inversión de 53 millones menos, el 1% menos que en 2008. A pesar de ello, el aumento hacia la concertada ha sido de 252 millones, el 25%.
Realmente la administración educativa aragonesa ¿está haciendo las cosas bien? El 14 de marzo del año pasado, durante el comienzo de la primera ola de la pandemia del COVID-19, el Gobierno del Estado español decretó el Estado de Alarma acompañado de la suspensión de la presencialidad en el ámbito académico y su transición hacia un modelo telemático, tratando de asegurar tanto la educación como la seguridad sobre nuestra salud, dos derechos que, como ya es de conocimiento general, son considerados fundamentales para el ser humano.
Sin embargo, tiempo después se nos hizo saber que, a pesar de seguir sufriendo los vaivenes de la pandemia, comenzaríamos el nuevo curso de forma semipresencial, algo que, aunque no garantizaba la misma seguridad higiénica y sanitaria que la formación telemática desde nuestros hogares, supuestamente no iba a suponer ningún tipo peligro para nuestra salud. A pesar de ello, no todo durante la esta etapa ha sido tan bonito y el alumnado, sin duda, ha sido testigo de cómo, debido a los escasos medios que la administración educativa ha otorgado a los equipos directivos, estas medidas no han podido ser aplicadas o, en el caso de que sí lo hayan hecho, una importante cantidad de estas lo hayan hecho de formas nefastas.
Pero esto, por desgracia, no termina aquí… El pasado 21 de diciembre, el Gobierno de Aragón anunció que los alumnos de 3° y 4° de la ESO junto a los alumnos de 1º de Bachillerato volveríamos a la presencialidad total entre el 7 de enero y el 8 de febrero. De esta manera, si tenemos en cuenta la falta de espacios adecuados en muchos centros (como es el caso del IES Juan de Lanuza de Borja) podemos decir que las medidas que, debido las razones antes comentadas, no han podido ser implementadas adecuadamente y que aseguraban cierta seguridad (aunque a duras penas) han dejado de tener esa capacidad, todo debido a las condiciones materiales en las que nos encontramos y a las malas decisiones alejadas de la realidad que se toman por los dirigentes de la administración educativa aragonesa.
Entre las medidas que hace unas semanas era esencial cumplir pero que ahora, en pleno repunte de contagios, parece que ya no son importantes para la administración, encontramos algunas tan significativas como la imposibilidad de respetar los 1â5 metros recomendados como distancia de seguridad; un funesto sistema de ventilación en las aulas que nos obliga o a la apertura constante de puertas y ventanas con temporales inéditos y con temperaturas extremadamente bajas (como las que estamos viviendo y que puede significar también un atentado en contra de nuestra salud) o una concentración de aerosoles dentro del aula superiores a los se consideran como «saludables» e «inofensivos»; la escasa limitación de contactos al convivir con una gran número de personas en un mismo espacio, un gran flujo de interacciones entre unas personas y otras entre clase y clase e, incluso, entre la población de distintos pueblos y centros urbanos…
Por lo tanto, a diferencia de lo que sucedía en los inicios de la pandemia, hoy por hoy no existe un equilibrio entre la educación y salud, tanto individual como colectiva, siendo esta última quebrantada por completo. El problema es que, como por ejemplo se recoge en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25: «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar». En consecuencia, se puede decir que la actuación de la Administración Educativa atenta, en primer lugar, a la salud de una gran parte de la población directa e indirectamente, y en segundo lugar, a los derechos de estas personas (sean parte del alumnado, el profesorado, el personal no docente del centro o de las personas de los círculos más cercanos de cualquiera de estos tres grupos anteriores).
Para más inri, a pesar de la gravedad ya evidente de la situación, aún se debe añadir el hecho de que esta presencialidad se ha impuesto durante uno de los peores momentos desde el confinamiento (por no decir el peor), con subidas constantes en contagios y defunciones tanto a nivel estatal como regional. Además, todo esto se ha llevado a cabo sin explicación alguna pese al riesgo que esto nos genera.
Por lo tanto, y volviendo a la pregunta inicial, ¿realmente la administración educativa aragonesa está haciendo las cosas bien? Pues evidentemente no, por lo que, debido a estas decisiones que resultan tan infames y peligrosas para una gran parte de la ciudadanía (dentro de la cual nos encontramos), es necesario hacer un llamamiento a la movilización para apelar a nuestros derechos y, sobre todo según en la situación en la que nos encontramos, a nuestro derecho a la salud, el cual, como ya hemos visto, se está viendo en riesgo día tras día en nombre de la educación.
Natán Pasamar es alumno de 1º de Bachillerato del IES Juan de Lanuza (Borja, Zaragoza).
Este artículo fue originalmente publicado en Arainfo.org
