La desigualdad que se esconde tras el proyecto educativo del PP

Creemos en la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Esa es la esencia de nuestra propuesta educativa para la Comunidad de Madrid y la defendemos abiertamente». Así se pronunció la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso en su discurso de investidura. Fomentar la educación concertada y privada es el objetivo del PP nacional, pero sobre todo del madrileño, que ha decidido enarbolar la bandera de la libertad en esta materia. La medida estrella en el proyecto educativo de los populares es impulsar que los padres y las madres introduzcan a sus hijos en un sistema educativo concertado, que por el momento está irremediablemente condenado a segregar según el contexto social del alumnado y a blanquear la desigualdad de oportunidades entre los estudiantes.

Ayuso lo tiene muy claro, y por ello le ha dedicado una Dirección General a la educación concertada. En su programa para la Comunidad de Madrid la educación ocupa un espacio clave, es el primer punto del segundo epígrafe, mientras tanto, Madrid sigue siendo la región que menos invierte en educación pública de todo el país. El consejero de educación, Enrique Ossorio, no ha descartado abrir más colegios concertados, dice que lo hará en función de la demanda: «Vamos a actuar sin ningún tipo de complejos para defender la libertad de elección de los padres».

Concertar toda la etapa del Bachillerato también es otro de los propósitos del Gobierno madrileño, bajo el pretexto de que los alumnos no tengan que cambiar de un colegio a otro cuando terminen la ESO. Para ello, el Ejecutivo regional ha destinado 4,5 millones de euros a un sistema de becas destinadas a la educación concertada que ya se han puesto en marcha este curso.

Los datos hablan por sí solos: Madrid es la región con mayor porcentaje de alumnos escolarizados en centros privados (un 9,6 %) y la tercera en concertados (36,9 %), según los últimos números del Ministerio de Educación. Además, la educación privada y concertada crece a ritmos que la pública no llega a alcanzar, por lo que, si sigue siendo menospreciada por el gobierno madrileño terminará viéndose superada por las otras dos. También lo evidencia la secuencia de inversiones de la Comunidad de Madrid en los últimos años: de los 793,31 millones de euros públicos que se destinaron a la atención de convenios con centros concertados en 2009, se ha pasado a los 1.012 millones que los presupuestos regionales de 2018, firmados por el PP y Ciudadanos, destinan a esta partida.

El resultado final de esta estrategia «educativa» es que Madrid también es la región que menos invierte en la educación de cada alumno, 4.494 euros según un estudio de la Fundación BBVA y el IVIE con datos del Ministerio de Educación. Con estas cifras, no es de extrañar que también sean las familias madrileñas las que más tienen que invertir en gastos escolares, 1.624 euros, un 57 % más que la media española.

La segregación de la concertada: las cuotas

La segregación que se produce con la enseñanza de pago, que también se diferencia de la pública por un acceso según el contexto social y económico de las familias, irrumpe a su vez dentro del propio sistema de la concertada. Según un informe realizado por la consultora independiente Garlic B2B, el 92 % de los centros concertados de Madrid presionan a los padres y a las madres para que paguen ciertas «cuotas» que, por supuesto, no son obligatorias, chantajeándoles con subir el precio del comedor, o incluso con reducir las horas lectivas y de actividades a sus hijos, y bajo el pretexto de una infrafinanciación de la concertada. Son irregularidades que la FAPA Giner de los Ríos y los sindicatos llevan denunciando largo tiempo, asegurando que el 28 % de los alumnos de la concertada sufre «algún tipo de exclusión» si no paga dichas cuotas.

El cupo base de estos colegios es de 157 euros y sigue aumentando. Por supuesto, debería ser voluntario, y aunque algunos centros sí detallan este aspecto (no todos), también añaden que los estudiantes dejarán de hacer determinadas actividades si los padres y madres se niegan a pagarla.

La responsable de educación de CCOO Isabel Galvín tilda el sistema educativo de la región de un «fracaso» en materia de igualdad de oportunidades y derecho a la educación para todos: «Â¿Dónde estaría Madrid si la mitad de los chicos no estuviesen discriminados en función de la familia en la que han nacido o la localidad?, se pregunta.

La oposición, por su parte, también se revuelve al escuchar a Ayuso ensalzar la «libertad de elección» de los padres, un reclamo que formó parte de la campaña de Vox en las últimas elecciones autonómicas, y que ven como un posible guiño a este partido, que permitió al PP y a Cs ponerse al frente del Ejecutivo regional.

El programa educativo de Madrid

El programa educativo de la Comunidad de Madrid pasa asimismo por incorporar una asignatura de programación y robótica en primaria, o por incrementar una hora semanal a la asignatura de educación física. El consejero de educación, Enrique Ossorio, también dio a conocer su intención de prohibir los móviles en las aulas de los colegios públicos, una de las 155 medidas acordadas con Ciudadanos, aunque aún no ha detallado cómo aplicar este veto, que dice que ayudará a que los alumnos con peor expediente académico lo mejoren.

Otro leitmotiv de Ayuso es el bilingüismo desde infantil. Le ha otorgado, como hizo con la concertada, una Dirección General asegurando que la «libre elección» de los padres pasa también por poder elegir un colegio bilingüe o trilingüe.

Sobre el reclamo del profesorado y de los sindicatos de reducir las horas lectivas de los docentes, el Gobierno madrileño aseguró que «se estudiaría». Esta exigencia viene de un aumento del horario lectivo que fue consecuencia de los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 en educación, y por los que se aumentaron las horas del personal hasta los 25 semanales en infantil y las 20 en el resto de enseñanzas.

La actual ministra de Educación, Isabel Celaá, impulsó una ley de «mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza no universitaria» para acabar con estos recortes, y situar en 18 las horas lectivas semanales en Secundaria y en 23 las de Infantil y Primaria. Una ley que no deja de ser papel mojado ya que recomienda, no obliga.

El sindicato de enseñanza STE ya ha denunciado que la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Murcia, Baleares y Castilla La Mancha hacen caso omiso a las recomendaciones del Gobierno y a los reclamos del profesorado.

El enfoque educativo del PP nacional

No distan mucho las propuestas madrileñas de la línea nacional de los populares. El último programa electoral del partido liderado por Pablo Casado hacía hincapié en que el derecho a la educación pertenece a las familias, por lo que las Administraciones únicamente tienen una función de «colaboración» con ellas. Las principales medidas eran la «libertad de elección», garantizar el castellano como «lengua vehicular» en toda España, una prueba única de acceso a la Universidad para todo el territorio, la ampliación de los conciertos a Bachillerato y FP inicial, y la promesa de legislar sobre las donaciones (cuotas) a fundaciones de la concertada para equipararlas.

Los populares presentaron esta pasada legislatura una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para restituir la capacidad sancionadora de la Alta Inspección Educativa cuando se detecten libros de texto «que no se adecúan a enseñanzas comunes» y así «preservar los centros docentes como lugares libres de adoctrinamiento».

Cuando Casado habla de «adoctrinamiento» mira a las aulas catalanas, pero en el Gobierno de Murcia también lo ha hecho para referirse a lo que llaman «ideología de género». Esta región fue la primera que incorporó con el anterior gobierno en solitario del PP el llamado «PIN Parental», la propuesta estrella de Vox, que obliga al centro educativo a solicitar a los padres el consentimiento sobre cualquier actividad que afecte a «los valores» del alumno.

El colectivo de ultraderecha «Hazte Oír» se está encargando estos días de alertar a las familias de un supuesto «adoctrinamiento de género» por el que los escolares estarían recibiendo «instrucciones» sobre «conductas lésbicas», «aborto» o qué hacer el día del Orgullo LGTBI. El colectivo pide a los tres partidos de la derecha que incorporen el PIN Parental sus propuestas educativas para que los centros informen a los padres sobre cualquier actividad, charla o taller que «afecte» a los valores del alumno en materia afectivo sexual, identidad y expresión de género, diversidad sexual y afectiva y diferentes modelos de familia. CCOO ya ha presentado una denuncia a la Fiscalía para investigar la acción, que podría ser constitutiva de un delito de odio.

En definitiva, el sistema educativo que propone el PP ahonda en la desigualdad de oportunidades, mientras que la educación privada y concertada avanza en las comunidades más pobladas y ricas, la pública se despliega en la España vaciada, aquella que tiene menos recursos. De toda la Unión Europea, nuestro país es el cuarto con más presencia en educación privada, un modelo que cronifica las desigualdades entre los alumnos, seleccionándolos según su contexto social y económico, y ensanchando de esta manera la brecha entre los que más tienen y los que menos.

Artículo originalmente publicado en cuartopoder.es