Las palabras de la ministra Celaá magnifican una polémica que ya puso sobre la mesa este sindicato en 2017 durante la campaña de renovación de conciertos educativos: el hecho de que el derecho de las familias a elegir centros no es un derecho constitucional.

Durante el curso 2016/17 el sindicato de Enseñanza de CGT puso en marcha una campaña para la no renovación de conciertos educativos. Durante dicha campaña, los representantes de las escuelas concertadas reivindicaron una y otra vez el mantra de que la elección de Centros es un derecho constitucional, algo que desde CGT negamos y que ayer mismo se vio refrendado por las palabras de la ministra de educación Isabel Celaá al pronunciarse en la misma línea que defiende CGT.

Artículo 27.3 de la Constitución dice que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

27.9 Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

Evidentemente, como se lee en el artículo 27.3, la Constitución no establece que como consecuencia de la libertad de elección de centro de las familias la administración se vea obligada a subvencionar mediante conciertos centros privados. De hecho, la creación por parte del PSOE de la red de centros concertados es posterior a la aprobación de la Constitución, por lo que difícilmente podría recogerse algo que aún no existía.

Desde CGT abogamos por una red educativa pública y privada pero no por una red concertada que no deja de ser una sistema empresarial, mayoritariamente religioso, financiado en su totalidad con dinero público.
También nos parece muy relevante que la ministra hiciera referencia a la segregación de matrícula que, como demuestran informes como los de la Fundación BBVA y el Instituto Ivie de Valencia entre otros, es una realidad en los centros concertados. Realidad que denunció CGT en 2017 junto a los fraudes de matriculación.

CGT se reivindica en la defensa de un sistema educativo laico y público con una financiación digna.