La administración respalda a la MAZ en la discriminación a las interinas embarazadas
28-04-2020

Desde CGT-enseñanza hemos asistido con sorpresa e indignación a la mala praxis que está llevando a cabo tanto el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón como la Mutua de Accidentes de Zaragoza (más concretamente su servicio de prevención SPmas), dejando a las docentes embarazadas en situación de indefensión, aprovechando la situación generada por la expansión del Coronavirus.

Según hemos podido confirmar a través de varias compañeras, se está produciendo la negación de la baja laboral en avanzados estados de gestación por parte de la mutua, al haber cambiado sus condiciones de trabajo (actualmente las docentes están teletrabajando), evitándose ciertos riesgos inherentes al ejercicio de su actividad.

Estas compañeras se están encontrando con el problema de que al acudir a los servicios de atención primaria por sufrir ciertas patologías (lumbalgias, ciáticas, dolores de espalda y cadera, cansancio acumulado por distintas tareas…), sus médicos les están remitiendo a sus mutuas ya que entienden que son dolencias que tienen un origen laboral y que es la situación de teletrabajo la que se lo está provocando.

Desde CGT-Enseñanza entendemos que tienen que ser tanto la Consejería de Educación (centralizado en la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales) como la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ) las que deben de dar respuesta a esta situación, no la Seguridad Social (de la cual se ha abusado en otras ocasiones). Por ello, desde CGT-Enseñanza consideramos que sus nuevos puestos de trabajo deberían de ser evaluados para adaptárselos a la situación actual. Sin embargo, ante la imposibilidad de hacerlo en este momento, se tendría que conceder la baja laboral por el «Principio de Precaución» desde la Mutua, máxime en una situación excepcional como ésta. Además, por mucho que sean sus domicilios, no son «lugares de trabajo», y no se sabe en qué circunstancias estarán estas personas desempeñando su labor.
Lo cierto es que esta no es una situación nueva. No es sino una consecuencia más del desastroso tratamiento de la Prevención de Riesgos Laborales por parte de la Consejería de educación. Una situación que aúna incompetencia y absoluta dejadez rayana la ilegalidad, ya que no existe una evaluación de los puestos de trabajo en la actividad docente (incumpliendo gravemente la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales).

Veinticinco años de desidia, desconsideración y falta de respeto hacia la salud del colectivo docente que les sitúa ante una desprotección muy grave, como se ha demostrado, entre otros, con el caso de las compañeras embarazadas.