La polémica generada en torno a la escuela concertada es recurrente y, además del mantra de la «libertad educativa» que suelen esgrimir sus defensores, tiene otra motivación detrás: las administraciones públicas destinan cada año más de 6.000 millones de euros a los centros privados acogidos al concierto.

En concreto fueron 6.179 millones de euros en 2017, último año del que el Ministerio de Educación ofrece datos detallados. Esta cantidad supone un 17,7% del gasto educativo del conjunto de las administraciones ese mismo año (34.746 millones de euros para las etapas no universitarias). Casi uno de cada cinco euros que se invierten en educación van a parar a un centro privado.

La escuela concertada ha capeado la crisis mejor que la pública. Mientras la red de titularidad estatal ha visto cómo en diez años (entre 2007 y 2017) su presupuesto ha subido un 1,4%, la concertada ganó en el mismo periodo un 25% de financiación. En este periodo, los colegios privados concertados han pasado de gestionar el 10,5% del presupuesto total de educación al 17,7%. Y todo con la misma relación de alumnos entre una y otra: 67,2% para la pública, 25,5% para la concertada de manera prácticamente invariable en esta década (el resto son colegios privados).

Además, los centros privados sostenidos con fondos públicos acogen a dos millones de alumnos de los ocho en total que hay en el sistema en etapas no universitarias. Así, uno de cada cuatro estudiantes está matriculado en un centro concertado (29% si se excluye la FP y el Bachillerato). Su distribución por el Estado es muy desigual: está por encima de la media en Euskadi, Madrid, Navarra o Baleares; por debajo en Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía. El patrón es evidente: comunidad rica, más concertada. Comunidad pobre, menos. En Europa, solo Bélgica tiene más escuela concertada que España.

La Iglesia Católica, principal patronal del sector, es muy consciente de esta situación y no quiere perder su parte del pastel. En este momento, Escuelas Católicas, la red que agrupa a los centros de la Iglesia, representa al 60% de la escuela concertada con 1,2 millones de alumnos en 5.939 entidades pedagógicas. Recibe por su labor 4.866 millones de euros cada año, según sus propios datos.

Pero no se acaba ahí la influencia de las congregaciones religiosas en la educación. Aparte de los 1,2 millones de alumnos que Escuelas Católicas gestiona, según su web, hay otros 268.000 alumnos en centros concertados religiosos, según el INE. En total, los religiosos concertados acogen a 1.468.671 alumnos del total de los 2.090.770 que tiene la escuela concertada. El 70,2% de los estudiantes de la escuela concertada lo hace en un centro de ideario religioso.

Fuera de esta agrupación hay también colegios particulares, la llamada «nueva concertada», de ideario ultraconservador y con la que Escuelas Católicas marca distancias. Fueron estos centros los que utilizó el exconsejero madrileño Francisco Granados para realizar mordidas de un millón de euros durante su adjudicación y construcción. Han sido estos centros los beneficiarios en muchas ocasiones de cesiones gratuitas de suelo público, por ejemplo en la Comunidad de Madrid.

De costes y segregación

Sí, los números dicen que la escuela concertada es más barata que la pública (exactamente la mitad), como aseguran sus defensores. No, los datos no cuentan toda la historia, según matizan los detractores.

Como primer matiz habría que introducir que no es que la escuela concertada cueste menos, es que el Estado paga por ella menos de lo que cuesta. Esto lo dicen los propios titulares de los centros y los sindicatos del sector, que llevan años exigiendo que se aumente el módulo (la cantidad que paga la administración por el concierto) por ser los colegios deficitarios, aseguran.

El precio del módulo se fija en los presupuestos generales del Estado y está básicamente estable desde que se aprobaron los conciertos, en 1985. El último mínimo marcado por el Gobierno fija en 39.350 el módulo anual para una clase de Infantil o Primaria, 47.748 para una de Secundaria obligatoria y 76.785 para una de Bachillerato, según el Real Decreto-ley 24/2018. Sin embargo, cada comunidad autónoma tiene la libertad de subirlo y muchas lo han hecho para actualizar los salarios de los docentes.

Este déficit que sufren los colegios lo compensan cobrando aportaciones voluntarias o cuotas. Estas son ilegales en el sistema público (y la red concertada, aunque de titularidad privada, se acoge a las normas de la pública), pero aún así está comúnmente aceptado que existen y se cobran, aunque no en el 100% de los colegios. Las cuotas pueden oscilar entre los 25 euros al mes y los 850 del que cobra el colegio Saint Paul’s School de Barcelona (un caso extremo). La cantidad habitual suele estar entre los 60 y los 100 euros mensuales.

Y estas cuotas son imprescindibles para el funcionamiento de los colegios, según sus responsables, por lo que las cifras ya se van haciendo más parejas con la pública. Una clase estándar de Primaria puede tener unos 25 alumnos. A razón de cien euros al mes cada uno por 10 meses de año escolar, a la cuota podrían sumarse otros 25.000 euros anuales.

Las cuotas también ejercen de facto de elemento disuasorio para las familias con menos recursos, funcionando así como un sistema de selección indirecto. La escuela pública (y a estos efectos la concertada lo es) no puede elegir quién se matricula en ella. Los detractores de la concertada le acusan a menudo de hacerlo.

Los datos les dan la razón. Un estudio de la Fundación BBVA y el Ivie de Valencia explica cómo mientras la escuela pública acoge a una mayoría de alumnado de entornos socioeconómicos desfavorables (un 33% de estudiantes pertenece a clases humildes, mientras un 7% es de clases acomodadas), la privada concertada tiene mayoría de jóvenes con recursos (un 65% de alumnado favorecido frente a un 7% de clases favorecidas).

Esta composición de alumnado también influye en el coste de la enseñanza. Los alumnos más desfavorecidos necesitan más recursos: desdobles, profesores de apoyo, adaptaciones, etc. Y eso tiene un coste que la escuela concertada se ahorra en general, y que cargan los presupuestos del sistema público.

Artículo originalmente publicado en eldiario.es