El TSJA declara ilegal el inicio de curso Covid en Educación
Tres años después de que CGT Enseñanza Aragón denunciara al Departamento de educación, cultura y deporte de la DGA por las irregularidades de la Orden del Consejero Felipe Faci, y firmada por CSIF, CCOO y UGT, que dictaba las instrucciones para el cumplimiento de las medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el marco general del Plan de Contingencia en el ámbito educativo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dado la razón a CGT, segundo sindicato en la enseñanza pública de Aragón, declarando no ajustada a derecho la Orden del 30 de junio de 2020, procediéndose a su anulación e imponiendo las costas del proceso a la administración.
La sentencia determina que la orden no se publicó en BOA, así como que no se realizó el trámite de audiencia e información pública, lo que derivó en que no hubiera plazo para alegaciones.
La sentencia incide también en la no participación de las familias y de los docentes (y sus representantes sindicales) en la elaboración de las medidas, como hubiera sido preceptivo. Ello ocasionó que se incumplieran normativas de salud laboral, como, por ejemplo, que se delegara la elaboración del Plan de contingencias a los equipos directivos, o grupos de trabajo constituidos en cada centro a tal fin, según el TSJA la elaboración un plan de contingencias y la adopción de medidas necesarias para la limpieza, desinfección, prevención y acondicionamiento de los centros educativos no correspondía a los correspondientes equipos directivos sino a los titulares de los centros; es decir a
los Servicios Provinciales. Todo ello según las Ley de Salud Pública de Aragón.
CGT considera positivo el fallo de esta sentencia porque incide en la falta de transparencia y nula participación de la comunidad educativa con las que la anterior Consejería de Educación gestionó las decisiones que se tomaron en su día para abrir los centros educativos durante la pandemia.
Lo mínimo que se le debe pedir a una administración es que cumpla con la normativa, y no actúe con la incompetencia y soberbia con la que, en ocasiones, nos tiene acostumbradas.
Recordamos que, debido a esta situación y a la falta de un plan de prevención y de unas medidas correctas, CGT convocó una huelga en septiembre de 2020 con un amplio respaldo, a pesar de unos servicios mínimos abusivos que superaban el 90%.
