El Saltodiario

Mareas por la educación pública ha enviado a las autoridades educativas una propuesta de organización y medidas para la vuelta al cole, contemplando tres escenarios de evolución de la pandemia. En todos hará falta invertir en educación, ampliar plantillas y reducir las desigualdades.

El Ministerio de educación y las comunidades autónomas han acordado reunirse a mediados de junio para abordar cómo plantear el curso que viene en enseñanzas no universitarias, ante lo que colectivos en defensa de la educación pública han querido responder proponiendo una serie de medidas para la vuelta a las aulas que contemplan varios escenarios de la evolución de la pandemia. El motivo de la carta, exponen desde el colectivo, es que «si les dejamos construir [al Ministerio y las comunidades] esa ‘€˜nueva normalidad’€™, el futuro traerá más desigualdad y privatizaciones».

Así­, Mareas por la educación pública ha mandado a las autoridades educativas un documento en el que recogen una serie de observaciones y sugerencias dependientes del escenario sanitario, todas ellas bajo la base de garantizar una educación pública, inclusiva y de calidad. «Estas medidas que proponemos no solo son las más eficaces para asegurar el acceso al conocimiento en igualdad de condiciones, sino que son también las que mejor pueden hacer frente a futuras situaciones de emergencia sanitaria y social», apunta el colectivo.

Se trata, exponen, de afrontar «una reforma en profundidad del sistema educativo que recupere lo perdido tras más de una década de recortes y polí­ticas de privatización», pero advierten de que ninguna de estas medidas tendrá sentido si no se refuerzan también la sanidad pública y los servicios sociales.

En el escenario 1, en el cual la evolución de la pandemia permite que la actividad educativa se lleve a cabo de manera presencial en los centros educativos sin la obligación de mantener la distancia interpersonal, Mareas exige un plan de choque de actualización de contenidos, lucha contra el abandono escolar y para la corrección de las desigualdades provocadas por el periodo de enseñanza telemática, financiado adecuadamente y con suficiente personal, reduciendo las ratios de alumnos por aula y creando nuevos centros públicos (disminuyendo también concertados) para evitar masificaciones, algo para lo que es imprescindible blindar el 7% del PIB en educación.

En el segundo escenario, la evolución de la pandemia impide el desarrollo de la actividad educativa presencial en algún momento del curso 2020-21 debido a algún rebrote de la enfermedad que obligue de nuevo al confinamiento. En la propuesta del colectivo, este segundo escenario engloba las medidas anteriores pero añade otras: que los criterios de escolarización y matriculación tendrán que modificarse para minimizar los desplazamientos entre el domicilio y el centro escolar (priorizando la matriculación en el centro más cercano y eliminando las llamadas Áreas Únicas), dotación de recursos (equipos y conexiones) a disposición de todo el alumnado y puesta a punto de las herramientas informáticas más adecuadas para que el profesorado y el alumnado puedan hacer uso de ellas sin que ello provoque un aumento de la carga de trabajo a domicilio, además de dotar de recursos y personal sanitario a los colegios. Estas medidas se exponen también en el caso del tercer escenario, en el cual la evolución de la pandemia continúa obligando a mantener la distancia interpersonal en todos los centros educativos como medida de prevención para evitar contagios.

«Lo primero es aprobar ya un Plan de Choque de creación de nuevos centros que estén construidos por ví­a de urgencia lo antes posible: solo se necesita diligencia polí­tica y financiación pública, acudiendo si es necesario a impuestos especiales a las grandes fortunas, dada la situación excepcional», resume el texto enviado a las autoridades. El planteamiento está pensado para reducir el paro de la pandemia, «tanto en empleos directos en la construcción de los centros, como en la industria de bienes (mobiliarios, material didáctico, etc.) que dinamizarí­a el tejido productivo local».

Paralelamente se organizarí­an los grupos de clase en turnos (mañana y tarde) y se habilitarí­a una red de locales provisionales para aliviar a los centros. La jornada lectiva del alumnado se reducirá a 5 horas en cada turno incluyendo descansos, y en la propuesta de Mareas, los problemas de conciliación que esta medida pueda originar deben ser solucionados por las Consejerí­as correspondientes, pero inciden en la necesidad de exigir a las empresas que se impliquen en el bienestar de sus trabajadores.

Por último, apunta el colectivo, si finalmente se debe a acudir a la enseñanza telemática, debe hacerse con medidas complementarias que no mermen la igualdad de oportunidades ni supongan un sobre trabajo no remunerado del personal docente, ni del alumnado y familias, reduciendo el trabajo de enseñanza telemática al mí­nimo imprescindible, dotando al alumnado de todos los medios, regulando el horario de trabajo telemático y presencial (muchos docentes están alargando sus jornadas laborales), formando al personal que lo necesite y realizando un control sanitario y una regulación de las enfermedades relacionadas con el teletrabajo.

Todas estas propuestas están pensadas, inciden desde el colectivo, para responder al hecho de que «cada vez hay menos dudas sobre cuál es la apuesta» de las Consejerí­as y el Ministerio en el ámbito de la educación: «Extender y normalizar la enseñanza a distancia, sin tocar las ratios ni el número de plazas y unidades escolares y sin aumentar los recursos, las plantillas docentes y el personal de apoyo».

Este artí­culo fue originalmente publicado en elsaltodiario.com