Diez claves de la educación concertada sobre las que la derecha no quiere debatir
[Nota: Artículo publicado el 18/11/2019 después de que la entonces Ministra de Educación en funciones Isabel Celaá afirmara que «La Constitución no ampara la libre elección de centro»]
1. España es uno de los países con menos escuela pública y más educación concertada de toda Europa.
2. El origen histórico de esta anomalía está en los años 80. El Gobierno de Felipe González se apoyó en esta medida para poder universalizar la educación obligatoria hasta los 16 años, cuando no había dinero para construir todos los colegios públicos necesarios.
3. Los conciertos educativos suponen alrededor de seis mil millones al año. Son más habituales en las autonomías ricas que en las pobres. Y en algunas de ellas –Madrid y País Vasco– pronto habrá más alumnos en la educación concertada y privada que en la pública.
4. Los conciertos educativos son una opción más económica para el Estado. El coste por alumno es mucho más barato en un colegio concertado que en uno público. Con el 17,7% del gasto público en Educación, la concertada escolariza al 29% de los alumnos.
Salen más baratos para el erario público por tres motivos. Porque los profesores suelen trabajar en peores condiciones laborales: menos salario, más horas y más alumnos por clase. Porque los colegios concertados no atienden a las zonas rurales, donde este servicio público es más caro, ni tampoco algunas necesidades especiales. Y porque los centros privados no solo cubren su presupuesto con fondos públicos. Muchos de ellos los financia parcialmente la Iglesia –que tiene su especial interés en educar cristianos–. Y también cobran a las familias una aportación mensual extra.
Además, la escuela concertada cuenta con otro beneficio fiscal del Estado: que no paga IVA. No es poco dinero: alrededor de 1.500 millones de euros al año. Y, en el caso de los colegios religiosos, tampoco pagan el IBI.
5. ¿Cuánto pagan las familias? Depende del centro, pero la media suele estar entre los 60 y 100 euros mensuales por alumno. En algunos casos extremos –el colegio Saint Paul’s School, en Barcelona– llega a los 850 euros al mes.
Que haya que pagar tasas extra implica que la escuela concertada no esté al alcance de todos. Es decir, que el dinero público sirva para segregar a los alumnos y separar a los ricos de los pobres. En los centros públicos, un tercio de los estudiantes provienen de entornos socioeconómicos humildes. En los privados y concertados, es solo el 7,5%.
6. El número de repetidores en la escuela pública es mucho mayor que en la concertada: porque los centros públicos asumen casi en exclusiva la integración de los niños de clases desfavorecidas. Un alumno pobre tiene 5,5 veces más probabilidades de repetir curso que uno rico.
7. En Madrid –la segunda región con mayor segregación escolar de toda Europa– la probabilidad de repetir entre los alumnos pobres es aún mayor: diez veces más. El paso del aguirrismo por el Gobierno autonómico ha sido determinante en este ascenso de la desigualdad educativa. No solo era una cuestión ideológica: también servía para las mordidas. Uno de los negocietes corruptos de Francisco Granados consistía en cobrar comisiones a cambio de ceder terreno público para estos colegios.
8. La gran mayoría de los alumnos de la concertada estudia en colegios religiosos: el 70%. Algunos de estos centros segregan a los alumnos por sexo con la ayuda del dinero público: una decisión que el Tribunal Constitucional avaló , a pesar de que fomenta los estereotipos machistas.
9. Lo que está en juego en el debate sobre la concertada no es «la libertad de enseñanza» ni tampoco «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones», que protege el artículo 27 de la Constitución. Es quién lo paga: si el dinero público tiene que financiar la educación religiosa por un criterio de coste. O si, por el contrario, es prioritaria la igualdad de oportunidades y el derecho a una educación de calidad, también para quienes tienen menos renta; aunque garantizar estos derechos suponga un coste mayor para el erario público.
10. La respuesta de la derecha ante las palabras sobre este asunto de la ministra de Educación en funciones es completamente desproporcionada. Isabel Celaá no ha cuestionado ni el modelo de conciertos, ni tampoco el Concordato con la Iglesia. Ojalá en algún momento se abra ese melón, pero por ahora no ha pasado.
La reacción desmesurada del PP, Vox y la jerarquía católica ante este debate demuestra dos cosas: lo mucho que les importa controlar la educación de las élites económicas y el tipo de oposición crispada que nos espera.
Artículo publicado originalmente en eldiario.es
