Desde CGT enseñanza hemos presentado por escrito a la administración educativa aragonesa una serie de medidas en contra del uso de plataformas virtuales privadas en los centros educativos. Estas medidas van dirigidas a la defensa del espacio virtual educativo y al uso de plataformas y soluciones tecnológicas respetuosas con la intimidad y los datos del alumnado.

Han pasado ya más de dos meses desde que la escuela pública, en situación de excepcionalidad, tuvo que trasladar todo su trabajo pedagógico al ámbito virtual. Desde CGT Enseñanza, llegados a este punto, hemos transmitido a la administración la necesidad de que tome medidas en defensa de la escuela pública y de su espacio virtual. Es imprescindible que se tomen medidas contra la «externalización» de los espacios pedagógicos que representan las plataformas educativas en favor de empresas privadas ―especialmente gigantes tecnológicos― bien conocidas por sus prácticas poco éticas cuando no directamente ilegales.
Los centros y el profesorado se han visto obligados, la mayoría, a usar la plataforma de Google con Classroom, Meet y las herramientas asociadas; otros han optado por Microsfot, otra empresa también reconocida por su falta de ética empresarial; otros han usado Moodle o Edmodo; otros han trabajado como han podido con correos electrónicos gestionados de forma particular o blogs en plataformas comerciales en versiones gratuitas; y luego ha habido centros en los que dependiendo del docente, el alumnado usaba una plataforma, otra o ninguna, haciendo que la organización del trabajo del propio alumnado y la supervisión por parte de la familia aumentara un grado de estrés ya de por sí muy alto dada la situación que estamos viviendo.

Las plataformas educativas son creadoras de un espacio virtual que, de estandarizarse a través de los productos de empresas como Google, supone dejar en manos de la empresa privada un espacio fundamental de la escuela pública. Un espacio que, obviamente, debería ser gestionado de manera segura, fiable y ética por la administración, tal y como sucede en otras comunidades.

Por ello, desde CGT hemos trasladado por escrito a la administración la necesidad de apostar por un espacio educativo virtual, público ético y fiable. Entre estas medidas se encuentra la dotación de recursos y personal para poder facilitar a los centros el acceso a una plataforma fiable, una suite ofimática y un servicio de videoconferencias, todo ello basado en software libre. Hemos propuesto también terminar con la formación del profesorado en el uso de plataformas privadas para hacer obligatoria la formación en la plataforma que la administración facilite y que su uso sea prescriptivo en los centros cuando esté operativa. En cuanto al alumnado, además del respeto a su intimidad y sus datos, hemos propuesto la ampliación de la cobertura de los correos de educaragon para el alumnado de secundaria.

Las plataformas educativas, sin duda, van a suponer un elemento fundamental de la labor educativa en los próximos años. Y si queremos que no sean las leyes del mercado las que decidan cuáles serán las que se usarán en la escuela pública, la administración educativa tiene la obligación, si de verdad es defensora de la escuela pública, de ofrecer una alternativa a las facilitadas por los gigantes tecnológicos.