El Departamento de Educación no está teniendo lo suficientemente en cuenta las peculiaridades propias del medio rural ni está dando una respuesta adaptada al actual contexto de pandemia.

En concreto, señalamos el caso de los Centros Rurales Agrupados (CRAs) a los que asiste alumnado de Infantil y Primaria y que están formados por unidades de varias localidades con poca población. En aquellos centros pequeños con un aula unitaria o varias aulas, lo habitual es que se compartan docentes especialistas itinerantes para dar materias como Educación Física, Inglés, Francés, Música y Religión, es evidente que no podemos hablar de grupos burbuja ni grupos estables. La situación en la que nos encontramos, es de una gravedad suficiente como para que desde un inicio se hubieran proporcionado EPIs para evitar contagios y los únicos reconocidos a día de hoy son las mascarillas FFP2, es una medida que desde CGT hemos reclamado y seguiremos reclamando para todos los y las docentes.

Esta problemática específica se ha formalizado desde el inicio de curso en las quejas recibidas dado que un positivo de un maestro o maestra itinerante supone que todos los centros en contacto con estas personas tengan que tomar las medidas pertinentes, dejando sin cubrirse con sustituciones algunas horas de la jornada escolar.

Somos conscientes de la complejidad del momento, pero la política del Departamento de Educación no puede ser la de poner tiritas una vez que ha estallado el problema, debería haber existido una apuesta clara por la política de la prevención, sin embargo, no se han destinado los recursos suficientes y entre lo más urgente está el garantizar la seguridad personal con EPIs y atender a las personas más vulnerables (TES) como marca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Hacemos hincapié en la realidad de pueblos pequeños con una población altamente envejecida, no se trata solo de un problema para maestros y maestras, es un problema de una importancia vital para toda la comunidad, lo acabamos de ver en el caso del brote localizado en Alcalá de la Selva (Teruel).

Por otra parte, denunciamos la enseñanza semipresencial desde 3º de ESO impuesta en grupos con más de 22 alumnos y alumnas. Exigimos que el criterio para imponer la semipresencialidad sea el de la seguridad y no solo el de las ratios. Mientras que el Departamento de Educación ha accedido a las peticiones de presencialidad en grupos menores que cursan 3ºº y 4º en Secundaria, en Bachillerato lo está negando en todos los casos contradiciendo la ORDEN ECD/794/2020, de 27 de agosto en la que se contempla esta opción para el medio rural. Queda recogido que, «la Dirección General de Planificación y Equidad determinará aquellos centros de la zona rural que, por sus características, puedan realizar las enseñanzas de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y/o 1º y 2º de Bachillerato, en la modalidad de enseñanza presencial para todo el alumnado. En todo caso, la decisión afectará a todo el centro».

Asistimos a un motivo más de descontento e incomprensión dado que las direcciones de estos institutos ven como cada año hay grupos o materias en riesgo por falta de alumnado y ahora esas ratios bajas tampoco les benefician. Entre estos casos se encuentran Valderrobres, Andorra, Monreal del Campo en Teruel o Aínsa en la provincia de Huesca.

Resulta preocupante que se refieran a la concurrencia competitiva en la EvAU y no hablen de pedagogía o seguridad, simplemente es una medida que tiene un coste cero para la Administración y que paga el alumnado, mientras no se afronta el grave problema de conectividad que tenemos en algunos de nuestros pueblos y que perjudica al alumnado del medio rural, más cuando hablamos de enseñanza no presencial.