El pasado viernes, CGT Enseñanza volvía a interponer una denuncia en Inspección de Trabajo ante la gravedad de la situación en la que se encuentra la trabajadora M. J. C. L.. Esta persona lleva desde el 8 de septiembre con su actividad de Auxiliar de Educación Especial paralizada. La obligación de asumir un riesgo en su puesto de trabajo debido a su condición de Trabajadora Especialmente Sensible (TES) en el Colegio de Educación Especial Alborada, le llevó a tomar esta decisión. Veintiún días de espera en la puerta del propio centro sin que el Departamento de Educación se pronuncie y, lo que es más grave, sin que Inspección de Trabajo se haya posicionado al respecto.

Después de que la propia trabajadora paralizase la actividad bajo el amparo del artículo 21 en su punto 2 de la Ley 31/1995 de PRL, el aula en la que debería de desempeñar sus funciones está cerrada temporalmente por el contagio de dos alumnos y un docente. Este hecho supone un problema que ya señalaba CGT Enseñanza en la denuncia presentada ante la propia Inspección el pasado 11 de agosto, de la que todavía no tenemos ninguna respuesta. La educación aragonesa carece de planes preventivos y de evaluaciones de riesgo en los puestos de trabajo, veinticinco años de incumplimientos flagrantes de la legislación por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón. Si esta persona hubiese estado en su aula y se hubiera contagiado su vida estaría corriendo peligro en estos momentos. Los Trabajadores Especialmente Sensibles (TES) se encuentran en una situación muy peligrosa por el desempeño de su actividad y las consecuencias pueden ser catastróficas.

Desde Inspección de Trabajo se tiene que tomar una determinación, no se puede dilatar una problemática que afecta a un número importante de trabajadoras de la enseñanza. Por este motivo, además de la denuncia, desde CGT-Enseñanza vamos a solicitar una reunión urgente con la Jefatura de Inspección de Trabajo para amparar a la compañera y reclamar una solución. Las trabajadoras y los trabajadores de educación en Aragón no pueden vivir en esta situación de incertidumbre en un momento tan delicado. Somos conscientes de que es una decisión muy complicada, porque la ilegalidad en la que se está viviendo en los centros de enseñanza de Aragón es insostenible, y la decisión de la propia Inspección podría suponer incluso el cierre de toda la educación aragonesa, por eso la autoridad laboral tiene problemas para tomar una determinación. Pero la mala praxis del Consejero Felipe Faci y del Presidente Javier Lambán no puede repercutir en la salud de los profesionales de la enseñanza. El incumplimiento sistemático de la Constitución Española de 1978, del ordenamiento jurídico y de la normativa europea en materia de salud laboral tiene que tener una respuesta contundente, porque un problema de incumplimiento de la legislación en un tema tan delicado puede repercutir en una situación social mucho más grave. ¿Puede una administración exigir el cumplimiento de una normativa cuando es incapaz de dar una respuesta a la legislación laboral más básica?

Desde que ha comenzado el curso, innumerables Trabajadoras Especialmente Sensibles de Educación se han puesto en contacto con nuestro sindicato para denunciar sus problemáticas. Muchas de ellas se están redirigiendo a sus médicos de cabecera y otros están pidiendo permisos no retribuidos. No puede ser que la adaptación de los puestos de trabajo corra a cargo de la Seguridad Social o de los propios trabajadores por el incumplimiento de la legislación laboral por parte del Departamento de Educación, es el empleador el que tiene que garantizar la seguridad de trabajadoras y trabajadores.

Se necesita una respuesta rápida de la Autoridad Laboral en el caso de esta compañera y se necesita ya, para que se aclare de una vez por todas la situación del personal educativo especialmente sensible. Pero también se precisa una respuesta del propio colectivo docente y no docente.

¿Hasta cuándo vamos a soportar esta situación de indefensión y de falta de respeto por parte de la Administración? Tenemos que denunciar los contagios, reclamar los partes de accidentes. Tenemos que intentar que no se camuflen las cifras. Sabemos las aulas cerradas pero no sabemos los contagios de los compañeros y compañeras. Un contagio biológico en un centro de trabajo es una enfermedad profesional. Es indispensable que esto conste, si en un futuro hay repercusiones de salud es básico que se haya reflejado que tuvo un origen laboral. Es imprescindible un mayor compromiso de todo el colectivo para revertir esta situación.