La situación lí­mite en la que se encuentra la educación aragonesa ha obligado al sindicato CGT Enseñanza a tener que realizar una denuncia a la Inspección de Trabajo. A una histórica falta de medidas preventivas en la educación aragonesa, se une ahora una deliberada falta de voluntad polí­tica del actual ejecutivo, incapaz de implementar unas medidas mí­nimas de seguridad que garanticen una vuelta presencial segura a los centros educativos.

Somos conscientes de las dificultades que plantea programar una actividad educativa presencial, que es la que queremos todas por el bien de nuestra sociedad, pero la inseguridad que se va a encontrar la comunidad educativa en el regreso a las aulas, nos ha conducido a llevar a cabo esta acción.

La denuncia realizada por CGT Enseñanza presenta la ausencia de una polí­tica preventiva por parte de la Consejerí­a de Educación. Está vertebrada en cinco puntos fundamentales que son las actuaciones que deberí­a de llevar a cabo el Departamento de Educación en materia de seguridad conforme a la legislación actual:

1. Realizar una Evaluación de los puestos de trabajo docentes y un Plan de Prevención que garantice la seguridad en los centros. El artí­culo 16 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece que todos los centros de laborales deben de tener evaluados todos los puestos de trabajo y establecido un plan de prevención de riesgos. En agosto del año 2020 la educación aragonesa carece de todas estas medidas, lo que sitúa a la DGA en la más absoluta ilegalidad. CGT lleva denunciando esta situación desde hace mucho tiempo. El problema se ha agravado exponencialmente con la llegada del Covid-19. Por lo tanto, es imprescindible que se pongan en marcha estas medidas.
2. Se debe establecer un plan de formación que garantice que los y las trabajadoras conozcan todos los riesgos que conllevan sus puestos de trabajo, así­ como canalizar toda la información necesaria para mitigarlos. Los artí­culos 18 y 19 de la ley de prevención señalan que todas las trabajadoras tienen derecho a recibir una formación teórica y práctica acerca de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo. La Consejerí­a de Educación vuelve a incumplir la ley. Al igual que en el punto primero, la extensión de la pandemia provoca la necesidad de realizar una plan de formación integral que llegue a todo el personal que trabaje en los centros educativos y se informe de una manera sistemática sobre cualquier aspecto que pueda surgir en materia de seguridad.
3. No se puede dejar toda la responsabilidad en los equipos directivos en la confección de los Planes de Contingencia como señala la Orden de 30 de junio. Siguiendo la recomendación del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, cada Plan de Contingencia de un centro de trabajo tiene que estar avalado por un servicio de prevención propio o ajeno. Esto está muy alejado del planteamiento que se realiza en la Orden presentada por el Consejero. Este hecho puede derivar en problemas muy graves para un futuro en caso de una negligencia por desconocimiento. La persona que firme el Plan de Contingencia podrí­a asumir responsabilidades penales muy serias, tal y como recoge el artí­culo 316 del Código Penal.
4. Se debe de dotar a todo el personal educativo de los Equipos de Protección Individual (EPI) necesarios para ejercer la actividad. En este caso se debe de estudiar cada puesto de trabajo y dotarlo del material necesario para su protección. Resulta fundamental proveer de mascarillas FFP2 (las únicas consideradas como EPI según el ministerio de consumo) a todo el personal docente y no docente.
5. Se tiene que proteger a los trabajadores especialmente sensibles (T.E.S.) aplicando el principio de precaución. Desde CGT instamos a la Consejerí­a a que cumpla el artí­culo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: «(…) Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus caracterí­sticas personales, estado biológico o por su discapacidad fí­sica, psí­quica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofí­sicas de los respectivos puestos de trabajo». Desde el sindicato pedimos a la autoridad laboral que se haga caso omiso a la Instrucción de 3 de Julio (que es manifiestamente ilegal ya que indica que se deben incorporar los TES en igualdad de condiciones que el resto de personal), que se evalúen los puestos de trabajo docentes y que se adapten a la situación de los mismos. En el caso de que no se pueda hacer una adaptación, ante el desconocimiento del riesgo que pueda haber, se insta al departamento a evitar que estas personas se incorporen a sus puestos de trabajo según indica la legislación laboral. Estamos hablando de un riesgo vital importante, se estima una mortalidad desde marzo debida a la pandemia por encima de las 30000 personas, no se puede jugar con la salud del colectivo docente y no docente.

Desde CGT Enseñanza sentimos llegar al punto de pedir a la autoridad laboral que obligue al Departamento a llevar a cabo estas medidas. Pero la falta de un cariz negociador dentro de la Consejerí­a, la falta de voluntad polí­tica para realizar unas inversiones necesarias que garanticen la seguridad y la actitud, por qué no decirlo, negligente de algunos polí­ticos aragoneses, nos han llevado a esta situación. Está la vida en juego de muchas personas a las que damos voz y eso no nos lo podemos permitir.