La actual crisis del COVID-19 ha tenido un importante impacto en todos los órdenes de la actividad del país. En relación al sector educativo, el gobierno de Aragón se condujo con ciertas imprecisiones y titubeos que no hicieron sino sembrar inquietud entre profesorado y familias. Ante los desafíos de la actual situación, el profesorado se ha mostrado extraordinariamente comprometido y, pese a no contar con los medios necesarios -gestionados y proporcionados por los propios docentes-, ha procurado adaptarse a la docencia telemática con gran esfuerzo y altas dosis de creatividad. Este compromiso contrasta con el tratamiento que se está aplicando al colectivo interino. Un colectivo ya de por sí precarizado, pero imprescindible para garantizar el funcionamiento del sistema educativo y el derecho a la educación. En Cataluña, los contratos de los profesores interinos sustitutos fueron rescindidos con el inicio de la crisis epidémica, sumiendo a cientos de docentes en la más absoluta incertidumbre. En otras comunidades como Andalucía o Madrid, los llamamientos para cubrir las vacantes fueron suspendidos, situando al profesorado interino en una situación precaria e insegura. Es la misma situación que encontramos en Aragón, aunque el gobierno autonómico esté regido por unas fuerzas políticas de distinto signo. Desde el último llamamiento del 9 de marzo, el departamento de Educación y Cultura de la DGA suspendió de manera unilateral la oferta de vacantes, renunciando a cubrir las bajas que se fueran produciendo en las plantillas. Como denunció CGT la semana pasada, además de sumir al colectivo interino en las más completa inseguridad -consolidando su situación de precariedad y señalándolo como el pagano del sistema educativo-, el gobierno autonómico está vulnerando el derecho constitucional a la educación, ya que un número relevante de alumnos de todos niveles y especialidades se han quedado sin profesorado de referencia, cubriéndose, en el mejor de los casos, con el sobre-esfuerzo del resto de docentes. Por estas razones, el pasado viernes 3 de abril CGT inició por vía judicial un procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, concretamente por vulneración del Derecho a la Educación. Además, solicitamos como medida cautelarísima la suspensión de la decisión administrativa de no proceder a llamamientos. A inicios de esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón aceptó el recurso para que se reanudaran las sustituciones, iniciándose el correspondiente trámite. Entendemos que, especialmente en estos momentos, la consejería de Educación debe velar por el derecho a la educación del alumnado aragonés y cubrir las bajas que se produzcan.

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