Docentes en Aragón: la Cenicienta de la Administración

El pasado 7 de noviembre la Dirección General de Función Pública de la DGA acordó en Mesa Sectorial el abono de los sexenios a su personal interino. Con este acuerdo la Administración abonará los sexenios con carácter retroactivo, evitando que los interinos de Administraciones Públicas tengan que recurrir a la vía judicial.

Pero lamentablemente, en relación al funcionariado docente, la situación es completamente diferente.

Desde 2016, entonces con Mayte Pérez como consejera, el departamento de Educación no han hecho sino obstaculizar el reconocimiento de los derechos del colectivo interino, obligándoles a iniciar procesos judiciales para reclamar los sexenios, con los consiguientes gastos, tasas y gestiones burocráticas. Una política obstruccionista que ha continuado el nuevo consejero de Educación, Felipe Faci.

Esta anómala circunstancia evidencia un claro agravio comparativo en relación a otros funcionarios de la Administración, un injustificable maltrato al profesorado, y un reflejo del talante de los responsables del Departamento de Educación que, haciendo oídos sordos a las demandas del personal docente y a los centenares de sentencias favorables, siguen obligando a sus trabajadores y trabajadoras a recurrir a la vía judicial para hacer valer sus derechos.

Los y las docentes no queremos seguir siendo la Cenicienta de la Administración. Llevamos 8 años padeciendo unos recortes que los dos gobiernos de Lambán han sido incapaces de revertir. No ha habido voluntad de hacerlo. De manera sistemática se ha entorpecido el reconocimiento de los sexenios para el colectivo interino, la jornada laboral de 37 horas aprobada en diciembre de 2018 se ha aplicado a todos funcionarios y funcionarias desde el 3 de enero de 2019, salvo a el profesorado, que sigue con las 37.5 horas.

Del mismo modo, seguimos penando los recortes impuestos por los gobiernos del PP y, pese a los acuerdos suscritos el año pasado con los sindicatos, la reducción de las horas lectivas (18-23), entendida como una medida básica para la mejorar de la calidad de la enseñanza, sigue paralizada.  Definitivamente, el colectivo docente parece importarle poco a la Administración. 

Esta serie de agravios evidencia una triste realidad: tras las grandilocuentes declaraciones en defensa de la educación pública de los responsables del Departamento no hay sino la nada más absoluta, cuando no el cinismo más descarado.