El disparate de la educación pública on-line aragonesa: contra la «externalización» de las plataformas educativas

El disparate de la educación pública on-line aragonesa: contra la «externalización» de las plataformas educativas Han pasado ya más de dos meses desde que la escuela pública, en situación de excepcionalidad, tuvo que trasladar todo su trabajo pedagógico al ámbito virtual. CGT Enseñanza cree necesario, llegados a este punto, denunciar el papel que ha jugado la administración en todo este proceso. Un papel que ha supuesto la «externalización» de los espacios pedagógicos que representan las plataformas educativas en favor de empresas privadas ―especialmente gigantes tecnológicos― bien conocidas por sus prácticas poco éticas cuando no directamente ilegales. Dicha deriva de la escuela pública hacia la privatización de un espacio educativo que cada vez va a cobrar más importancia, se ha visto favorecida en estas últimas semanas -en el caso de la comunidad aragonesa-, por la ausencia total de organización por parte de la administración y por la falta de alternativas éticas y fiables que debían haber sido facilitadas por la misma. Ante la inacción por parte de la administración aragonesa, cada centro y cada docente, se ha visto obligado a «salvar los muebles» como ha podido. Así, ha habido centros y docentes ―la mayoría― que han usado la plataforma de Google con Classroom, Meet y las herramientas asociadas; otros han optado por Microsfot, otra empresa también reconocida por su falta de ética empresarial; otros han usado Moodle o Edmodo; otros han trabajado como han podido con correos electrónicos gestionados de forma particular o blogs en plataformas comerciales en versiones gratuitas; y luego ha habido centros en los que dependiendo del docente, el alumnado usaba una plataforma, otra o ninguna, haciendo que la organización del trabajo del propio alumnado y la supervisión por parte de la familia aumentara un grado de estrés ya de por sí muy alto dada la situación que estamos viviendo. La responsabilidad de todo ello ha sido, es y ―de no cambiar su política al respecto― seguirá siendo del Departamento de Educación. De este Gobierno del PSOE, pero también de los anteriores del propio PSOE y del PP. Porque esto viene de lejos: desde la implantación de la Escuela 2.0 en 2009, la administración educativa aragonesa adolece de una total falta de visión, una total falta de ideas y una total falta de voluntad al respecto del tema que nos ocupa. Creemos necesario señalar que las plataformas educativas no son «herramientas» pedagógicas como otras que solemos usar los y las docentes. Dichas plataformas son creadoras de un espacio virtual que, de estandarizarse a través de los productos de empresas como Google, supone dejar en manos de la empresa privada un espacio fundamental de la escuela pública. Un espacio que, obviamente, debería ser gestionado de manera segura, fiable y ética por las administraciones educativas, tal y como sucede en otras comunidades. De no hacerlo, las consecuencias, en el contexto de una privatización cada vez más profunda de la escuela pública pueden ser dramáticas. Pero hay que recordar que existe la posibilidad de elección. Podríamos decantarnos por soluciones tecnológicas respetuosas con la intimidad y los datos del alumnado. Podríamos decantarnos por soluciones abiertas, de software libre, que no conviertan a nuestros chicos y chicas en aprendices de consumidores y que potenciaran una visión del conocimiento comunitario en lugar de un conocimiento cerrado, propietario y excluyente. Pero no lo hacemos. Y, como decimos, la responsabilidad principal es de la Administración. En ese sentido, CGT Enseñanza Aragón y La Rioja exige que el departamento de Educación tome por fin cartas en el asunto y aplique medidas en defensa de la escuela pública, en este caso, en lo referente al espacio virtual en la que esta se desarrolla: 1) Dotación de recursos económicos y del personal necesario para la creación de un espacio educativo virtual ético, seguro y fiable que debería incluir las siguientes medidas:

Facilitar el acceso de todos los centros públicos a una plataforma fiable basada en software libre.
Facilitar una suite ofimática en la nube de software libre.
Facilitar un servicio de videoconferencias basado en software libre en servidores propios.
Que se amplíe la cobertura de los correos de educaragon al alumnado de Secundaria.

2) Difundir entre la comunidad educativa la plataforma basada en software libre que la administración facilite. 3) Formación obligatoria para todos los docentes en las plataformas que impulse el Departamento a realizar en horario lectivo. 4) Que los centros de formación del profesorado dejen de ofrecer cursos sobre plataformas privadas como G-Suite una vez se haya implantado una plataforma propia basada en software libre. 5) Uso prescriptivo por parte de los centros de la plataforma facilitada por la administración cuando ésta esté operativa. Las plataformas educativas, sin duda, van a suponer un elemento fundamental de la labor educativa en los próximos años. Y si queremos que no sean las leyes del mercado las que decidan cuáles serán las que se usarán en la escuela pública, la administración educativa tiene la obligación, si de verdad es defensora de la escuela pública, de ofrecer una alternativa a las facilitadas por los gigantes tecnológicos.