La CGT confía en consolidar su tendencia al alza en las elecciones sindicales en la Administración General del Estado
Más de 200.000 empleadas y empleados públicos están convocados en junio a las elecciones en la Administración General del Estado. CGT ha incrementado su presencia y candidaturas en la administración periférica, “que ya lidera en Barcelona, y en algunos entes estatales”.
La Confederación General del Trabajo (CGT) espera ratificar en las elecciones sindicales su creciente peso en la Administración General del Estado (AGE). Bajo el lema “Elige CGT”, apuesta por los servicios públicos de calidad, reclama aumentos de plantilla y exige la vuelta al sector público de todos aquellos servicios que se han externalizado o privatizado, incluidas las encomiendas de gestión, así como el establecimiento de cláusulas de revisión y mejoras salariales que equiparen al alza a colectivos con funciones similares.
La central sindical reclama relaciones de puestos según cargas de trabajo, con especial incidencia en la atención presencial, “abandonada en favor de la Administración Electrónica”. Entre otras medidas, propone aumentar a nivel 17 todos los puestos que presten atención directa a la ciudadanía en la Seguridad Social y asegurar la transparencia en las productividades, comisiones de servicio y adscripciones provisionales, al tiempo que se posiciona “por la progresiva reducción de la jornada laboral, con el horizonte de los cuatro días de trabajo a la semana”.
Compromisos para recuperar lo público
Para estas elecciones, CGT plantea la rescisión de los convenios con gestorías administrativas y las privatizaciones encubiertas mediante encomiendas de servicio, se posiciona frente al abuso de interinidades y demanda la convocatoria de procesos de ofertas públicas de empleo adecuadas y periódicas.
También propone que aquellas personas que opten al teletrabajo reciban compensación económica por los gastos que supone esa fórmula y pide “respeto a la normativa sobre desconexión digital junto al cumplimiento de la ley en lo relativo a riesgos psicosociales, adecuación de los protocolos de violencia externa, acoso laboral y sexual, aún no reflejado en la AGE”.
Entre los compromisos que asume CGT, anuncia que llevará ante la Justicia el reconocimiento del complemento de brecha de género para las pensiones de clases pasivas y reclamará legalmente el cumplimento del Acuerdo de una Administración del siglo XXI, principalmente en lo relativo a la jornada de 35 horas y la jubilación parcial.
Ciclo de acción y reivindicación
La central sindical se ha distinguido en el pasado ciclo electoral por “destacados logros”, como conseguir varios requerimientos ante la situación del INSS y resoluciones favorables del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que las comisiones de servicio, las modificaciones de las RPT, las gratificaciones extraordinarias y las productividades sean públicas. Además, ha impulsado una campaña para que la atención a través de internet sea una opción de la ciudadanía y no una obligación.
También ha elevado denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la eliminación de las costas judiciales en los pleitos contencioso-administrativos de los trabajadores públicos en defensa de derechos laborales e interpuesto alegaciones al anteproyecto de Ley de Función Pública, modificando artículos que limitaban acogerse a excedencias y otros relativos a las evaluaciones de desempeño.
A todo ello se suman acciones como la huelga del personal del Instituto Cervantes para mejorar sus condiciones, la participación en las manifestaciones en defensa de las pensiones y la denuncia sobre la no resolución de la mitad de los expedientes de Ingreso Mínimo Vital en 2023, que obligó al Gobierno estatal “a rectificar y ofrecer explicaciones al respecto”.
La denuncia de CGT evitó “la privatización de las inspecciones a las autoescuelas y se cerraron las puertas a posibles cambios de las pruebas de aptitud, quedando esta competencia en exclusividad para el personal funcionario”.
Cuatro años de crecimiento
CGT se convirtió en 2019 en la primera fuerza sindical en la Administración General del Estado (AGE) en Barcelona y segunda en los actuales Ministerios de Trabajo y Economía Social y en el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Se presentará en este 2023 en la mayoría de Ministerios y, por primera vez, también en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En cuanto a la administración periférica, CGT repetirá candidaturas en Sevilla, Tarragona, Lleida,, Salamanca, Valladolid, Pontevedra o Granada, además de estrenarse en otras, como Soria. Y en Aragón repetirá candidaturas en la Administración General del Estado en Zaragoza y Uesca.
