L@s bomberos forestales se ofrecen en la lucha contra el COVID-19
Desde las secciones sindicales de CGT en SARGA queremos denunciar públicamente que no se está haciendo empleo de los medios materiales y humanos de que dispone esta empresa pública para la lucha contra el COVID-19.
Resulta incomprensible la actuación del Gobierno de Aragón, que contando con medios materiales y humanos dentro de la empresa pública más grande de Aragón, Sarga, ha decidido por el momento prescindir de ellos y de sus servicios. Mantiene al personal del operativo de prevención y extinción de incendios forestales localizables en sus domicilios, al igual que sucede con el colectivo de los espacios naturales protegidos, después de haber suspendido la contratación de algunos de ellos, la mayor parte del colectivo se encuentra localizable en casa.
Resulta incomprensible por tratarse precisamente de personal repartido estratégicamente por todo el territorio rural aragonés, que podría estar realizando labores de desinfección de lugares públicos o facilitando el acceso a comida y medicamentos a todas esas personas mayores que viven en nuestros pueblos y que hoy se encuentran abandonadas a su suerte por nuestros gobernantes.
A día de hoy se dispone de un centenar de vehículos 4×4, 40 autobombas (Camiones de bomberos) ymás de 700 personas contratadas ycapacitadaspara trabajar en situaciones de emergencia, como los incendios forestales, pero que también podría actuar en otras contingencias como riadas, búsqueda de personas desaparecidas o las recientes nevadas en la provincia de Teruel.
Todos estos medios y profesionales deberían estar presentado servicio hoy en nuestros pueblos igual que sucede en otras comunidades como Andalucía, Extremadura, Galicia, Valencia, Murcia, La rioja o Castilla-La Mancha, pero desde el Gobierno de Aragón se sigue infravalorando este contingente material y humano.Las personas que viven en el medio rural aragonés no deberían ser tratadas como ciudadanos de segunda por sus gobernantes, y ver sumado a la precariedad de sus propios servicios, la imposibilidad o tardanza con que llegan los medios estatales.
Todo este personal, que fue declarado servicio esencial el pasado 14 de Marzo, sigue esperando en sus casas a recibir la formación e información necesarias para poder actuar en esta emergencia. Hoy quizá nos acordamos más si cabe de la falta de instalaciones y de formación que tantas veces hemos denunciado públicamente y que llevamos años reclamando, y que quizá termine por ser la razón que retrase o impida la actuación de todos estos medios.
Una plantilla como ésta, repartida estratégicamente por las tres provincias, y conocedora del medio rural de Aragón es un recurso que no debería ser desaprovechado, máxime cuando esta sufragado al 100% con fondos públicos. Con una pequeña formación y los EPIS adecuados estos profesionales estarían realizando una labor muy valiosa allá donde los recursos de las grandes ciudades no llegan.
