Concentración el jueves 11 ante el Ministerio de Función Pública, por un cambio normativo que estabilice al personal en abuso de temporalidad.

Concentración el jueves 11 ante el Ministerio de Función Pública, por un cambio normativo que estabilice al personal en abuso de temporalidad.

Sindicatos, plataformas y asociaciones de personal público convocan el próximo jueves 11 una concentración ante el Ministerio de Función Pública, reivindicando un cambio normativo que estabilice al personal en abuso de temporalidad.

  • Estas organizaciones reivindican las sentencias emitidas los pasados 22 de febrero y 13 de junio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que estiman la estabilidad como una solución adecuada al abuso de temporalidad sufrido por este personal.
  • La temporalidad sigue siendo muy alta en todas las Comunidades Autónomas, alcanzando un 30-40% de los trabajadores/as, pero son numerosos los servicios donde llega a más del 90%, especialmente en el sector sanitario y en la atención a la dependencia. Además está fuertemente feminizado: aproximadamente un 70% son mujeres, con edades entre 45 y 55 años, y cuyo cese les aboca indudablemente al paro de larga duración y la exclusión social.
  • Las organizaciones convocantes reclaman interlocución con el ministro Escrivá y advierten que, de no ser escuchadas, habrá un “otoño caliente” con movilizaciones del personal afectado.

El jueves 11 de julio a las 12:00 h., una concentración ante el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública (C/ Mármol, 2) reclamará que el Gobierno realice las modificaciones normativas necesarias para trasladar efectivamente a nuestro ordenamiento el Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada recogido en la Directiva 1999/70/CE, permitiendo la estabilidad real de las trabajadoras y trabajadores en abuso de todas las Administraciones Públicas del Estado.

Los fraudulentos procesos de “estabilización” realizados hasta ahora suponen el cese de una gran mayoría de trabajadoras y trabajadores de los Servicios Públicos, que la negligencia de las Administraciones ha mantenido en precario, en muchos casos, hasta dos y tres décadas, vulnerando la normativa española y europea. Las consecuencias de esta nefasta gestión se traducirán en indemnizaciones por cese y despido de más de 500.000 trabajadores/as temporales a cargo del erario público, y el deterioro cada vez mayor de los Servicios Públicos.

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#StopCeses